Fick insiste en que el fotorradar es un bien social “porque ha contribuido a prevenir accidentes mortales en cercanías al acceso a esa localidad del sur correntino” el jefe comunal correntino sentenció que “hasta que se demuestre que dichos equipos no colaboran en la prevención de accidentes, no serán quitados”. Mientras tanto, la justicia correntina recientemente ordenó el levantamiento de dichos aparatos en las localidades de San Cosme y Ramado Paso, y analiza la posibilidad de ampliar la denuncia “por estafa” contra una empresa entrerriana que provee los fotorradares.
En efecto, la Justicia correntina, a través de la intervención del Fiscal Nro 3, Gustavo Schmitt, ha establecido que el cobro de multas por exceso de velocidad detectado por los radares de San Cosme y Ramada Paso es ilegal. Sin embargo, en las localidades correntinas de Lavalle y Mocoretá funcionan equipos similares y hasta el momento ninguna objeción se ha presentado respecto a su uso.
JUSTICIA
El fiscal del juzgado Nº 3, Gustavo Schmitt, a cargo del procedimiento judicial en torno a la ilegalidad de los fotorradares, señaló que hace unos días solicitó informes a entidades bancarias de Entre Ríos donde se depositó el dinero cobrado por las infracciones. Si bien el trámite puede demorar algún tiempo, una vez que el juez obtenga las confirmaciones, citará a declarar como imputados a los intendentes de las localidades involucradas.
Por otra parte, también se analiza la posibilidad de ampliar la denuncia contra la empresa entrerriana, por estafa. “No se cuestiona el espíritu del control sino la ilegalidad. Ya que ni un solo fundamento legal amparaba su aplicación, mientras los dineros provenientes de las multas no eran siquiera depositados en una cuenta institucional de los municipios, sino en una del Banco Nación y a nombre de la empresa prestataria del aparato del fotorradar”, recordó el fiscal Schmitt.
El desmantelamiento de los sistemas de fotorradares abrieron la posibilidad cierta de que los que fueron perjudicados puedan ahora reclamar la restitución de su dinero y perjuicios por daños. Así lo dejó entrever Schmitt, quien encabezó el procedimiento de decomiso de los equipos y elevó las instrucciones al Juzgado Nº 6 a cargo de la doctora Graciela Ferreyra.
