Cuentas sueldo, sin costos ni restricciones

La bancarización del pago de salarios estipula la gratuidad y la no imposición de límites a la cantidad de extracciones. Sin embargo, errores en la interpretación por parte de las entidades financieras crearon un atractivo negocio. “Hoy hay cerca de ocho millones de cuentas sueldo. Nosotros estimamos que los bancos cobran 600 millones de pesos al año por las extracciones. Cuando entre en vigencia la ley, ese dinero se destinará al consumo”, apuntó a Página/12 uno de los impulsores del proyecto, el diputado nacional de la UCR, Norberto Erro. El legislador señaló, además, que “los bancos podrán no estar conformes con la medida, pero el sistema se sigue beneficiando con la existencia de una clientela cautiva a la que pueden ofrecerle todo tipo de servicios”.
Cuando las modificaciones entren en vigencia, los trabajadores no deberán abonar ningún concepto por retirar sus salarios en un cajero que no pertenezca a su banco o que opere con una red –Banelco o Link– distinta de la de su tarjeta de débito. En la actualidad, la aplicación de la ley es errática y cada banco establece sus reglas de juego. La mayoría impone comisiones por operaciones en cajeros pertenecientes a otras entidades.
“Significa defender la intangibilidad del salario. Los trabajadores ya no tendrán más limitaciones ni pagarán comisiones para sacar el dinero de las cuentas donde les depositan el salario. Los límites a las extracciones conspiran contra el derecho de los trabajadores en beneficio de los bancos que poseen una tasa de rentabilidad extraordinaria”, apuntó a este diario el diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde. El apoderado de la CGT recordó que en 2008, en medio de la crisis financiera internacional, la rentabilidad del Banco Patagonia superó el 50 por ciento y el Banco Macro, 49 por ciento.
Los cambios al Régimen de Contrato de Trabajo recibieron la media sanción de Diputados en la última sesión del año pasado por unanimidad. La legislación se trató el jueves por la madrugada después del pliego de Marcó del Pont y la polémica coparticipación del impuesto al cheque. Ahora resta que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, promulgue la ley y el Banco Central la comunique a las entidades financieras.