Por Federico Odorisio de la Redacción de DIARIOJUNIO
En 1995 el gobierno de Carlos Saúl Menem le adjudicó a Hidrovía SA el control del río Paraná. Se trata de una empresa mixta compuesta por la belga Jan De Nul y la argentina EMEPA.
El año pasado, el presidente Alberto Fernández había convocado a un “Acuerdo Federal -evento del que participó el gobernador entrerriano Gustavo Bordet- por el control de la “Hidrovía Paraguay-Paraná”, con la intención de conformar un ente mixto donde el estado Nacional tuviera una participación mayoritaria y el resto quedara a cargo de todas las provincias que comparten la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay.
Sin embargo, en noviembre de 2020, el gobierno promulgó el decreto 949/20 donde llama a una nueva licitación pública nacional e internacional por la hidrovía, dándole la facultad al ministerio de transporte para que siga quedando en manos de privados, cuestión que encendió las alarmas del campo popular que ven que este decreto -tal como fue promulgado- otra vez una pérdida de control sobre esta vía troncal navegable estratégica y fundamental como lo es la Cuenca del Plata.
Esta vía de navegación que se extiende por 3.442 km desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay) se denomina “Hidrovía Paraguay- Paraná” y su nombre tiene que ver con la confluencia de los dos ríos principales que se van uniendo en su desarrollo. Tanto sus ríos como sus afluentes involucran el territorio de 5 países de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay y en su recorrido hay más de 200 puertos y amarraderos.
Respecto a la Argentina, su tramo involucra las provincias de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, de los cuales 14 de los 18 puertos que componen el cordón industrial argentino están privatizados, manejados por empresas de Estados Unidos, Francia, Suiza, Reino Unido y también de la Argentina (como es el caso de Vicentín, por ejemplo). A estos puertos llegan un millón y medio de camiones y 250 mil vagones por año.
Por esta llamada “Hidrovía Paraná-Paraguay” transita el 50 por ciento de la proteína mundial dado que intervienen varios países de la región y el 75 por ciento del comercio exterior argentino. Se calcula que el complejo agroexportador factura unos 25 mil millones de dólares al año.
Desde hace tiempo se denuncian distintos mecanismos de evasión por estos puertos, ya que el estado no tiene ningún tipo de control sobre lo que sucede en esos puertos privados que se “autocontrolan y se tributan a sí mismos”. La evasión se estima en un monto de US$ 20 mil millones anuales, según dijo el ingeniero y miembro de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en una nota brindada ayer en radio Nacional de Gualeguaychú. Una cifra espeluznante que daría para pagar el total de la deuda al FMI en menos de 3 años.
Tal lo denuncian los sectores críticos al Decreto 949/20, el mismo les volvería a abrir las puertas a las empresas concentradas -la mayoría multinacionales- que manejan los puertos y las exportaciones argentinas. Lo que es entendido por muchos como una marcha atrás y una pérdida de oportunidad para que el Estado Nación tome por fin el control de las cuencas del Plata y recupere la soberanía fluvial y marítima, dado que se viene planteando también la reactivación del postergado proyecto del “Canal Magdalena” que comunicaría la red fluvial más importante de la región con el Mar argentino y el Atlántico Sur hasta la Antártida sin depender del paso por el puerto de Montevideo -donde las multinacionales se maneja casi a discreción- entrando y saliendo través del canal “Punta de Indio”, que es la única vía de acceso para los grandes buques, eludiendo así de buena manera el control y la injerencia del estado argentino.
Con el control de la hidrovía por parte del estado, más el desarrollo del “Canal Magdalena”, aseguran que se podría conectar mejor al país, abaratando costos y recortando tiempos de traslados para comunicar el norte con el sur del país y viceversa, un mejor control de lo que entra y sale de los buques tanto de bandera nacional y extranjeros. Además, sería un paso para controlar a muchas naves de procedencia extranjera que acceden desde el puerto de Montevideo, y luego por el “Canal Punta de Indio”, hacia el Mar Argentino para saquear su fauna ictícola, así como los buques mercantes y de guerra británicos que hacen puerto en el Uruguay para mantenimientos, reabastecerse y seguir camino hacia las islas Malvinas, incumpliendo el tratado que ambos países tienen de no colaborar con la flota inglesa.
Diferentes sectores del campo popular sostienen que ahora se le presenta al gobierno una inmejorable oportunidad de rescatar la administración portuaria en manos del Estado Nacional, sin ruptura de contrato, indemnización, ni litigio legal alguno y, así, comenzar un verdadero proceso de reconstrucción industrial con base en la recuperación de nuestra soberanía política. La recuperación y el control del comercio exterior a través de nuestros puertos, crear un fondo permanente y sustentable para la reconstrucción de la flota mercante nacional, y desarrollar un actor estatal que se haga cargo, por mano propia, de la logística nacional.
Alejandra Portatadino, Ingeniera Mecánica y presidenta de FIPCA Filial Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, explicó en una nota a Barricada TV (un canal de Youtube) que a partir de este decreto todos los buques pasarán por el Canal de Punta Indio que desemboca en Montevideo (pedido histórico de las multinacionales), inclusive pasará por allí toda la producción argentina de la Patagonia. El campo popular viene exigiendo que se vaya atrás con esta licitación y además se deseche la finalización de Punta Indio y se construya el Canal de Magdalena, para que la riqueza de la Argentina sea controlada en Argentina y no en Uruguay.
«El puerto de Buenos Aires no tiene salida autónoma al mar. Tenemos que entender que con el decreto que les da el poder a las multinacionales, perdemos el control sobre las cuencas del Río Paraná y Paraguay” opinó sobre el tema Portatadino y agregó como reflexión: «Hay que pensar qué decisiones de gobierno necesitamos. Ver cómo nos plantamos los que tenemos intereses nacionales y populares contra los que defienden intereses extranjeros”.
