Antes de comenzar con las testimoniales, se solicitó al tribunal que autorice un programa de protección a testigos propuestos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el Ministerio de Seguridad.
El cuerpo dio lugar al pedido, por lo cual se mantendrá en comunicación con la Secretaría de Justicia de la provincia, encargada de articular entre los distintos organismos. El oficio ya fue canalizado al Ministerio de Seguridad de la Nación, aguardándose aún el resultado de la gestión.
Barrios presenció la detención del joven, cuya identidad conoció cuando el caso tomó estado público, pero no había sido incluida en el juicio que se realizó en 2004 por el mismo hecho. La omisión de su testimonio fue el principal motivo por el que la Procuración General de la Nación –tras una serie de apelaciones previas- ordenó que se realice de nuevo el juicio, que tiene como imputados al oficial Lisandro Rodríguez y los cabos Diego Salvador y Jesús Salvador López.
En la audiencia de este lunes se había presentado también otro pedido para que se autorice la implementación de un programa de asistencia y protección a los testigos. Éste punto fue destacado por Zárate –la persona que estuvo con Gorosito al momento de su detención- como una de las razones que lo impulsó a declarar.
María Cristina Silaur y Rudecindo Bernardo Gorosito, padres del joven, recordaron al igual que su hermana Cristina los días previos a la detención, en los cuales Elías había tenido problemas con la fuerza de seguridad por lo que tenían “que andar cuidándolo”.
“Si no transás con ellos, no estás bien. Mi hermano no quería transar. Por cualquier cosita lo levantaban y le pegaban. Otros conocidos la pasan bien gracias a la Policía. Mi hermano, al no querer, la pasaba mal”, reveló Cristina. La hermana de la víctima resaltó dos episodios previos en los cuales el joven tuvo problemas con agentes de seguridad, siete y 10 días antes de su desaparición. “Lo llevaban a la Quinta y ahí se encargaban de ‘educarlo’”, graficó.
Los testimonios de los familiares de Gorosito, al igual que el de Barrios, fueron en muchos aspectos coincidentes con el de Zárate, quien declaró este lunes.
La madre y la hermana del joven desaparecido, que al enterarse del episodio acudieron a la Comisaría intentando dar con su paradero, contaron que entraron allí a las 10 de la mañana, que los agentes de turno les dijeron que no había novedades de su detención y que, inmediatamente, la misma camioneta que habría detenido a Elías partió del lugar con cuatro personas a bordo, una de las cuales sería el jefe de la dependencia, Sergio Schneider, quien deberá declarar en una próxima audiencia.
El juicio continuará con otros testimonios este miércoles a las 9, en la Sala II de la Cámara del Crimen de la capital entrerriana.
Nuevas pruebas
María Cristina Silaur y Barrios afirmaron que un joven, en ese entonces menor de edad, también presenció el momento de la detención. Esa persona estaría ahora en condiciones de declarar, como así también otro individuo que le habría relatado a la madre del joven un episodio en el cual pudo escuchar a “altos jefes policiales” decir que “iban a hacer boleta a Gorosito”, mensaje coincidente con una advertencia que se le realizó en ese momento a la hermana de la víctima. El tribunal se comprometió a arbitrar los medios necesarios para que ambos comparezcan en una audiencia próxima.
El fiscal Leandro Ríos solicitó que, una vez hayan concluidos los testimonios, el tribunal junto a la querella –representada por Rubén Pagliotto e Iván Vernengo- y la defensa –en manos de Marcos Rodríguez Allende- realicen una inspección judicial in situ para precisar datos. Marcela Badano –quien integra el tribunal junto a Marcela Davite y Hugo Perotti- dio lugar a ese pedido, a realizarse en una fecha aún no precisada.
El fallo de la Procuración General
Rodríguez, Salvador y López fueron absueltos en el proceso llevado adelante en 2004 por el mismo hecho, pero la familia de Gorosito apeló la decisión –ratificada en una primera instancia por el Superior Tribunal de Justicia- hasta que la Procuración General de la Nación ordenó hacer lugar a su queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado, por lo que instó que se realice un nuevo juicio. La Corte Suprema de Justicia, con la sola disidencia de Carmen Argibay, compartió e hizo suyos “los fundamentos y conclusiones del señor Procurador Fiscal”, Eduardo Enrique Casal.
El magistrado consideró que el fallo se sustentaba en afirmaciones dogmáticas, ya que se había rechazado la posibilidad de incluir una testigo clave que relató haber visto a Gorosito –quien entonces contaba con sólo 19 años- en el momento en que era llevado por las fuerzas de seguridad.
