Boeykens dijo que ayer presentaron la acusación, de 116 páginas de extensión. “Acusamos a Naldo Dasso, jefe del área 225 donde estaba el Regimiento blandengues, a la pena de prisión perpetua que se le sumaría a la que ya tiene”. Indicó. Dasso está bajo el régimen de prisión domiciliaria. Respecto de Gonzalo López Belsué, el oficial que lo sacó de la fila y quien instruyó un supuesto sumario que terminó en la desaparición forzada del soldado porque a Papetti supuestamente le encontraron un mapa de todo el Regimiento que iba a ser copado por Montoneros. “La verdad que un disparate”, dijo. Además, dedujo que la sentencia se produciría entre fines de 2019 y principios de 2020. “Es una causa voluminosa. Si bien sabemos que la vienen trabajando, no nos han dado fecha. Pero también tienen la posibilidad de pedir la ampliación de los plazos y demás”, dijo.
“No queda ninguna duda de que el Regimiento Blandengues de Concordia fue un centro clandestino de detención y torturas. Tenemos por demostrado que Naldo Dasso fue el jefe de Regimiento, que López Belsué estaba allí, que el Regimiento era parte del engranaje represivo del sistema represivo de desaparición de personas”, dijo.
Si bien la querella en todo momento menciona a la dictadura como un régimen cívico militar, Boeykens dijo que en este caso concreto no surgió tan nítida la connivencia con sectores civiles. Pero si en la mega causa Harguindeguy aparecieron con toda claridad la conexión con la Sociedad Rural y “otros miembros nefastos de la sociedad concordiense como Ildarraz y todas estas personas que sin duda tenían vínculos con la dictadura”.
Jorge Papetti, un soldado conscripto del Regimiento 6 de Concordia desaparecido desde 1976, fue llevado a Paraná. Por ello, su caso no fue juzgado en la mega causa Harguindeguy que abarcó hechos ocurridos en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, entre ellos los casos de otros desaparecidos como Julio Solaga y Sixto Salazar. “Papetti debió haber seguido la misma suerte, pero, al haber sido visto en Paraná, entonces se lo acumuló a esta causa escrita”, señaló Boykens.
Boyekens dijo que en la jurisdicción de Paraná fue una de las primeras en que el fiscal se apresuró a pedir la reapertura de las causas en 2004-2005. “Fue una de las primeras jurisdicciones donde se pidió la reapertura de las causas donde existían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, dijo.
Como no había muchos antecedentes en causas que datan de 1983 y 1984, que se tramitaba bajo el viejo Código procesal Penal, éste contemplaba que los juicios sean escritos y no orales ni públicos. “Las defensas pidieron que se los juzgue con ese viejo Código procesal”, señaló. En consecuencia, las Causas Área Paraná I y II se juzgaron de ese modo.
El proceso escrito se divide en dos partes. Una etapa de investigación que se llama sumario, que es la instrucción. Luego todo eso se eleva a un plenario, que sería el equivalente al juicio oral y público. “Esa etapa ya cerró, se produjeron los testimonios y se produjo toda la prueba. Ahora las partes acusan y las otras se defienden”, dijo. El abogado mencionó como rescatable que lograron que algunos testimonios sean orales y públicos. “La jueza de la causa, que es la jueza Aranguren, fue bastante accesible para este tipo de peticiones y logramos darle un poco de publicidad”, dijo.
“María Emma Papetti (hermana de Jorge) dio testimonio en la causa hace más de un año. Y un año después recién estamos presentando los alegatos. Es inentendible e inatendible que la jurisdicción de Paraná demore tanto. Más allá del código escrito, hay cuestiones de dilaciones que es increíble que ocurran”, expresó.
