“La vicepresidenta solicita a la Corte una declaración de certeza de constitucionalidad, mediante la cual se expida acerca de si es legal una sesión online en aquellas materias que no puedan ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como impuestos”
Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula. Además, una reforma reglamentaria debería ser votada de manera presencial por los dos tercios de los presentes en el recinto, algo que en la actual situación de distanciamiento social preventivo parecería difícil.
El requerimiento se elevó hoy ante el máximo tribunal con la intención de que la Corte se expida y resuelva si es legal o ilegal sesionar de manera online, con la necesidad de que la respuesta llegue con la mayor celeridad posible.
El pedido se enmarca en la decisión del oficialismo de sesionar para tratar temáticas que no pueden ser resueltas mediante decretos de necesidad y urgencia, como lo son los proyectos impositivos, penales o electorales.
Una de las iniciativas que está pronta a conocerse es la de un proyecto de ley que busca gravar las grandes riquezas al crear un impuesto extraordinario sobre los patrimonios más altos para generar los recursos que necesita el Estado para reforzar el sistema sanitario y la recaudación tributaria, ante la caída de la economía por el coronavirus.
