El fiscal precisó que la información relacionada con los alzamientos se recaba de “varias fuentes: policiales, periodísticas, judiciales, de organismo de seguridad. La comisión tiene 60 días para reunir la información y eventualmente trabajar junto con la Procuraduría sobre cuál va a ser la postura concreta de la Procuración”.
Domínguez no dejó lugar a dudas sobre el accionar de los efectivos: “Es evidente que los gobiernos accedieron a los reclamos por el alzamiento policial. Basta ver las imágenes que todos hemos visto, leer las crónicas que todos hemos leído, ver qué es lo que pasó para saber cómo ocurrieron las cosas”, y en este sentido preguntó: “¿Cómo llamarle a algo que fue absolutamente evidente? Cuando se negocia con la pistola al cinto es sedición”.
También fue categórico al sostener que “no se puede dejar pasar así como así estos alzamientos policiales, pensando que sólo se trató de un reclamo salarial y se acabó. Ciertamente se han producido hechos muy importantes”.
El fiscal se manifestó en contra de algunos ejes de debate que se plantearon mientras varias provincias pasaban por momentos de zozobra: “Durante los alzamientos se hablaba de la necesidad o no de sindicatos policiales mientras había más de 20 muertos en el país, no me pareció acertado. Creo que hubo algo más que una cuestión salarial. La medida fue ilegal, no fue autorizada”.
Domínguez reiteró que “en principio se va a reunir toda la información, que está siendo sistematizada y analizada, después la comisión adoptará una decisión”, y añadió que “toda esta información reunida será preciso profundizarla, pero veremos en qué marco, en qué ámbito, si es contribuyendo con cada una de las causas que se ha formado en cada provincia en el ámbito federal o si en forma independiente”.
Domínguez resaltó que “otra cuestión a tomar en cuenta es que estos alzamientos policiales se produjeron sabiendo lo que se produciría en la población desguarnecida”, y añadió que “era un secreto a voces que se iban a producir saqueos a partir del autoacuartelamiento policial, y es lo que pasó en todas las provincias”.
Para el fiscal, en los alzamientos hay “elementos sintomáticos, comunes, y llevarían a la necesidad de profundizar la investigación. También consideró que “hubo una afectación a la tranquilidad pública, que no sólo se limitó a la provincia donde se produjeron los alzamientos sino que hubo intranquilidad en toda la Nación. Esto fue tan evidente que el Estado nacional tuvo que mandar fuerzas federales a distintos lugares. A Entre Ríos por cierto mandó gendarmes para colaborar en las tareas de seguridad. Esto da muestras de hasta dónde el alzamiento policial, en primera instancia provincial, trascendió en cuanto a la afectación las fronteras de cada provincia”.
La comisión de fiscales está integrada, además de Domínguez, por los fiscales Federico Martín Carniel, de Resistencia, Chaco; José Ignacio Candioti Puyol, de Paraná, Entre Ríos; y Adolfo Raúl Villate, de Rosario, Santa Fe.
Domínguez precisó que “en cuanto a lo que está pasando en Entre Ríos, uno de los fiscales generales que participa de la comisión es el doctor Candioti, que tiene información actualizada de lo que está ocurriendo en Entre Ríos, y no sólo de Entre Ríos sino del Litoral”.
Respecto a que las primeras informaciones que recabó Candioti indicarían que el levantamiento en Entre Ríos no tendría vinculación con lo que se dieron en otras provincias, Domínguez señaló que “es materia de análisis; hasta el presente no hay una evidencia fuerte que certifique la relación entre las distintas policías como para provocar alzamientos masivos en forma coordinada, pero que no haya evidencia no quiere decir que no vaya a haber”. El fiscal federal no descarta ninguna hipótesis y en este sentido manifestó que “es uno de los puntos que habría que profundizar en una investigación que vaya a desarrollarse, si es que se va a desarrollar una investigación a nivel nacional. Al presente no hay evidencia y no se ha profundizado en ese sentido, sí la hay provincia por provincia y existen patrones comunes de conducta, esto es muy evidente y es conocido por todo el mundo, toda la población vio que la metodología de la exigencia, del alzamiento en todas las provincias fue muy similar. No sólo fue similar en cuanto a la metodología sino en cuanto al tiempo; esto ha sido sintomático y son elementos a tener en cuenta en cada uno de los lugares”. También señaló que “se ha reclamado un nivel salarial parecido, hay patrones de conducta que son llamativos, comunes y es algo a profundizar en una investigación: si hay un actuar coordinado de las distintas policías, si se trató de movimientos limitados a cada provincia en particular. Éstas son cuestiones a dilucidar”.
Dos ejes
Para el fiscal federal los alzamientos policiales se deben abordar desde dos ejes. En este sentido explicó: “Hay dos cuestiones, una desde el punto de vista de la investigación penal, judicial, y allí la hipótesis es compartida por el procurador General de la provincia, que es trabajar sobre la hipótesis de sedición”. Sin embargo planteó que se debe analizar y discutir “cómo profundizar la investigación, puesto que este delito es de competencia provincial pero habría que ver hasta qué punto no hubo una afectación al Estado federal también”. Domínguez precisó que hubo denuncias en la Justicia Federal en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata y Santiago del Estero, donde se consideró que hubo “una afectación al Estado federal que trascendió los intereses provinciales”.
El otro eje es el político. El responsable de la Comisión de fiscales manifestó que “desde el punto de vista político criminal, me parece que la observación que todos hemos tenido de lo que se produjo en las distintas provincias a partir de los alzamientos policiales debe llevar a la reflexión sobre la necesidad de profundizar, de reestructurar fuertemente los sistemas de seguridad públicos, los sistemas policiales y penitenciarios. Me parece que a esta altura es bastante evidente esta necesidad”, aunque evaluó que “esto es una consideración que corresponde al ámbito político”.
