La Cámara Federal de Rosario –que sería el equivalente a la Cámara Federal de Comodoro Py pero en esa ciudad, como para dar una referencia– está presidida por Aníbal Pineda, Elida Vidal, José Guillermo Toledo y Fernando Lorenzo Barbará. Todos, menos Toledo, son considerados más bien afines o en sintonía con el peronismo, aunque sus fallos no necesariamente se vinculan con esas posiciones. La invitación enviada el 3 de noviembre a “las Señoras y Señores Fiscales” decía textualmente: “Los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario invitan a Usted a la reunión organizada a desarrollarse el día lunes 08 de noviembre de 2021 a las 10 hs. con diputados y candidatos a senadores del partido Juntos por el Cambio, quienes solicitaron a este Tribunal interiorizarse acerca de las necesidades de la jurisdicción. Les rogamos confirmar asistencia antes del jueves 04/11 a las 12 hs. Atte.Secretaría de Superintendencia Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”.
“Una cosa es recibir al gobernador de manera institucional y otra armar una reunión con candidatos a pocos días de las elecciones. Se le reprocha a Marcelo Sain (quien dirigía el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación) que supuestamente hace proselitismo y la Justicia Federal hace precisamente eso”, dijo a Página/12 la diputada provincial Matilde Bruera, abogada y exdefensora oficial. De hecho, en la Asamblea Legislativa local acaba de aprobar la destitución de Marcelo Sain por expresar su postura o preferencias políticas. Esta circunstancia torna todo aún más enrarecido. Un bloque multipartidario promovió la remoción e inhabilitación del funcionario, cuya gestión abordó la criminalidad organizada propia de la región de manera transvers
El camarista Pineda, ante la consulta de PáginaI12, explicó que el pedido de reunión de legisladores y candidatos/as de la oposición fue consecuencia de un encuentro que la semana pasada la misma Cámara Federal tuvo con el gobernador Omar Perotti y con el titular de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco. Fue un acontecimietno considerado histórico y responde a un reclamo del sistema de justicia de lograr una reforma en Santa Fe que multiplique fiscalías y juzgados. “Hace 40 años que no se crea una fiscalía y 30 un juzgado federal”, dijo. El camarista se quejó de que las trabas a la votación de una reforma judicial a nivel nacional perjudicaron a la provincia que está en una situación acuciante. “El narcotráfico y los homicidios son un problema real y necesitamos una reforma”, insistió.
El pedido de Juntos por el Cambio vino después. ¿Por qué reunirse antes de las elecciones? “La fecha la pusieron ellos”, respondió Pineda. Al recibir la invitación, algunos/as funcionarios en tribunales se sintieron incómodos. El lunes iban a estar, por ejemplo la candidata a senadora Carolina Losada, el diputado nacional Federico Angelini –que además es vicepresidente del PRO, debajo de Patricia Bullrich–, los diputados provinciales Maximiliano Pullaro y Julián Galdeano y la concejala Germana Figueroa Casas. En tribunales hay un dato conocido: el secretario relator de la presidencia de la Cámara Federal es Juan Cruz Peña Alvarez, primo hermano del exjefe de gabinete Marcos Peña. Peña Alvarez, además trabajó en Jefatura de Gabinete, y cuando Pineda fue nombrado juez de la Cámara Federal, fue a trabajar como secretario relator.
Cuando comenzaba a crecer el escándalo y tras las consultas de este diario, ya en la mañana del jueves la Cámara de Rosario comenzó a mandar invitaciones para reuniones con otras fuerzas políticas, por ejemplo, con el Frente Amplio Progresista y con el Frente de Todos, para “plantear la necesidad de fortalecer la Justicia federal de Santa Fe con un proyecto de ley firmado por todos los legisladores de esta provincia donde se creen fiscalías, juzgados y cámaras de apelaciones y tribunales orales y la urgente implementación del sistema acusatorio penal oral”.
Pero poco más tarde, la Cámara decidió finalmente postergar todas esas convocatorias para después de las elecciones, “a fin de evitar interpretaciones electorales”.
La relación Justicia-política en la Argentina, con los antecedentes del gobierno de Mauricio Macri y su ofensiva para colonizar tribunales y perseguir/encarcelar dirigentes opositores, es obvio que despierta suspicacias, más aún si en la recta final de la campaña electoral se llama a una reunión en tribunales con candidatos/as justamente de la coalición que fue protagonista de aquel proceso. Si la vuelta de tuerca es un acuerdo de muchas fuerzas para que todo mejore en Rosario y Santa Fe, seguramente será bienvenido. Si a la foto se suma la destitución de Saín, nada parece tan lineal ni sencillo de resolver.
