Tras salir de la cumbre que se llevó a cabo en Bruselas, Alexis Tsipras anunció que “se luchó hasta el final para lograr un acuerdo que permitirá al país recuperarse". También dijo que, para ello, debió realizar "concesiones difíciles" a las exigencias del Banco Centro Europeo, la Comisión de la UE y el FMI.
Prácticamente, el "acuerdo unánime" alcanzado entre el gobierno griego y la eurozona desvirtúa el mandato que tenía el primer ministro de Grecia tras el referendo del domingo 5 de julio, cuando el pueblo de su país decía "no" a las imposiciones de la 'troika'.
No obstante, vale advertir que la aplicación del acuerdo está supeditada a la aprobación del Parlamento griego, lo que supondría un nuevo dolor de cabeza para Tsipras y la UE, ya que su aprobación no contaría con el apoyo necesario.
De aplicarse, significará un golpe muy duro para la economía y la sociedad griegas; a los efectos prácticos, una continuidad de lo que se venía imponiendo en la última década y que llevó a Grecia al colapso.
Se creará un fondo de 50.000 millones de euros al que el país transferirá sus activos privatizables, utilizando lo recaudado para reducir la deuda, bajo "supervisión de las instituciones europeas relevantes", según establece el acuerdo.
El acuerdo también implica un proceso de flexibilización laboral para incidir en las negociaciones colectivas, limitando la acción sindical y autorizando despidos masivos, aumentando también la edad jubilatoria.
De ponerse en práctica este "acuerdo unánime", se plantea "racionalizar el sistema del IVA y ampliar la base impositiva con el fin de aumentar los ingresos". Esto es, subir impuestos masivos y regresivos con el fin de aumentar la recaudación fiscal y así hacer frente a los compromisos contraídos.
