CTM-SALTO GRANDE: Niez no niega y responde a denuncia sobre la compra de inmueble a casi 2 millones de dólares

LA RESPUESTA DE CTM TEXTUAL

Con motivo de la nota periodística presentada en el programa televisivo “Cuestión de Fondo” del Canal 9 – Litoral, responden :

1). No resulta, precisa y singularmente, la Delegación Argentina, tal como erróneamente lo consigna la nota periodística, la que se encuentra implementando el referido proceso de evaluación sino, más bien, la señalada CTMSG, Organismo Binacional conformado por Argentina y Uruguay, que administra el Complejo Hidroeléctrico en el marco del bloque normativo que regula su funcionamiento.

2). Oportunamente, la CTMSG, en consideración de la antigüedad del actual edificio Sede del Organismo, sito en avenida Leandro N. Alem Nº 449 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los costos asociados a su puesta en valor y de reacondicionamiento para mejorar su funcionalidad, de las anomalías estructurales de su infraestructura (humedades, estado de las instalaciones internas afectadas a la accesibilidad de los servicios públicos, etc.), de los ingentes costos de expensas e impuestos y, fundamentalmente, de las recomendaciones en materia de seguridad, inició un proceso de evaluación de compra de un inmueble a los efectos de relocalizar la Sede.

3) El señalado proceso de evaluación por parte de la CTMSG viene desarrollándose desde hace varios años y no a partir de la reciente renuncia del Vicepresidente de la Delegación Argentina, tal como también erróneamente se señala en la nota periodística. De ello dan cuenta diversas actuaciones administrativas internas e Informes de las Áreas Técnicas pertinentes.

4) El proceso no ha concluido y, a esta fecha, no se ha decidido la compra de un inmueble en particular.

5) La eventual compra de un inmueble a los efectos de la relocalización referida, sería financiada con la también eventual venta del edificio Sede actual.

6) En el marco de análisis descripto están siendo consideradas, entre otras, las condiciones económicas, dominiales, de funcionalidad, de calidad constructiva, de costos de expensas y gastos mensuales, de ubicación y de calidad de ambiente laboral, con base en las recomendaciones de las Áreas internas del Organismo con competencia en la materia y, en ningún caso, qué persona física o jurídica resulta propietaria de los inmuebles relevados y a relevar.

7) Por último, respecto de las consideraciones que realiza la nota periodística en relación con las razones que motivaran la oportuna renuncia de su Vicepresidente, la Delegación Argentina se remite a los términos expuestos por el propio renunciante, en su Nota dirigida al Secretario de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda de fecha 14 de septiembre de 2018, que tramita a través del Expediente Nº 2018-45789023-APN-DGDO#MEM.

UN GOBIERNO QUE LE NIEGA RECURSOS A LA REGION

Lo que ya a esta altura es imposible de ocultar, es que, desde la creación de la ley de excedentes de Salto Grande, que le confiere a Entre Ríos y a la región el derecho a recibir recursos por la venta de energìa, nunca hasta la asunción de este gobierno, la CAFESG dejó de recibir recursos con los que los concordienses nos cansamos de ver obras en nuestra ciudad.

En la actualidad y por decisiòn polìtica del gobierno nacional la CTM y los organismos pertinentes dan cuenta que no existen excedentes o estos son de tan escasa magnitud que ni siquiera alcanzan para sostener los gastos de CAFESG. Tanto es así que, si no fuera por el gobierno provincial CAFESG ya tendría que estar cerrada.

La decisiòn polìtica no es otra cosa que vender la energìa a precio vil. En efecto, al igual que la otra represa, Yaciretá, CAMESA compra la energìa a estas centrales a un valor infinitamente menor al precio de venta en el mercado mayorista. O sea, la compran a $ 240.- el megavatio y lo venden a alrededor de $ 1.500 segùn lo manifestado días pasados por el senador Angel Giano.

Esta es la manera que encontraron para impedir en esta regiòn la consecución de obras. Nos obligan a vender la energía que producimos a precios africanos y le exigen al ciudadano común que la pague como si viviera en Europa o EE.UU.

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