Ante la falta de regulación respecto al ingreso, permanencia y ascenso en la Administración Pública, creemos que la antigüedad, desempeño y situación familiar deben ser considerados determinantes para su reingreso.
El argumento de la falta de recursos económicos para garantizar su continuidad no se condice con la realidad, que demuestra que dichos cargos fueron cubiertos por trabajadores del signo político del oficialismo.
Hoy decimos que el decreto 218 es igual a la 9.235, dado que produce las mismas consecuencias, deudas y desprotección para los trabajadores despedidos y sus familias.
