Quien recogió el guante fue el presidente del bloque Felipe Sastre (JxC) quien dijo que hace poco fue condenado el ex gobernador de Entre Ríos y luego embajador ante Israel y Chipre, Sergio Urribarri. “No lo vi tan preocupado al concejal Gallo”, dijo. Y añadió que entendía que tarde o temprano la Justicia dictaminará que la denuncia a Frigerio es un “sinsentido”. Y añadió que seguramente “esto se trata de una burda operación para tratar de asemejar al futuro gobernador de la provincia con un corrupto condenado como Sergio Urribarri”, indicó.
El presidente del Concejo, Daniel Cedro, explicó que la Justicia Federal es un “sistema mixto” y el fiscal federal dedujo que había pruebas suficientes como para llamarlo a indagatoria. Cedro sostuvo que había dos cuestiones. Una de ellas son los actos que realizan funcionarios públicos en beneficio propio. “En este caso se da una resolución con las firmas de Frigerio y de (Jefe de Gabinete, Marcos) Peña de aprobación de la subasta y adjudicación a ‘Koolhass». Un mes después se produce la compra de un departamento en ese complejo con lo cual se dan las circunstancias para plantear la figura del (artículo) 265°”.
“Me parece que acá hay dos cuestiones. La validez por una cuestión de competencia y obviamente que las autoridades que estaban con competencia para dictar el acto y ellos plantean el tema de la eficacia de la firma de Frigerio”, indicó Cedro en referencia a Juntos por el Cambio.
La causa
La causa se inició el día 13 de diciembre del año 2021, con motivo de la denuncia radicada por la Oficina Anticorrupción para que se investigue al exministro del Interior Obras Públicas y Vivienda, del gobierno de Mauricio Macri por la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública , admisión de dádivas o cohecho, entre otras figuras penales. Para el fiscal el delito sería negociaciones incompatibles con la función pública, que tiene una pena de un máximo de 6 años de prisión. El caso está a cargo del juez Julián Ercolini, quien debe determinar si llama a indagatoria a Frigerio y a otro exfuncionario imputado, Alejandro Caldarelli. Según la denuncia, Frigerio había comprado un departamento desde pozo que estaba a cargo de la empresa Koolhaas. Antes de la escrituración, la empresa habría accedido a la compra de unos terrenos fiscales que puso en venta la agencia de bienes del Estado AABE, cuyo traspaso fue firmado por el propio Frigerio.
En el caso puntual, “la prueba demuestra el interés real que tuviera otro funcionario del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda -Alejandro Oscar Caldarelli-, en la adjudicación de ese terreno a favor de la firma “Koolhaas S.A.”, ya que no sólo había sido inversor en el proyecto de “Arcos 2646 S.A.” sino también que realizó la reserva de compra conjuntamente con Rogelio Frigerio”, indicó el fiscal Marijuán.
El desarrollo del proyecto inmobiliario de departamentos fue asignado a la constructora de Nicolás Caputo, el amigo de Macri y un mes después de la adjudicación del terreno a la empresa Koolhaas el entonces ministro suscribió la compra de otro departamento, también desde pozo.
Del listado de inversores y compradores presentado por los representantes de las sociedades, surge que tanto Rogelio Frigerio y Alejandro Oscar Caldarelli efectuaron aportes y adquirieron unidades funcionales de los desarrollos inmobiliarios de “Arcos 2646 S.A.” y “Koolhaas S.A.”, dice el dictamen de Marijuán.
El delito atribuido es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. El artículo 265° del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
