La ex mandataria se pronunció a través de un comunicado de Unidad Ciudadana, donde no defendió el accionar de su vice, pero sí se encargó de fustigar al Gobierno mediante un extenso texto: “En Argentina , el gobierno del presidente (Mauricio) Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores con el fin de atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”. En consecuencia, lamentó que en el país se haya vulnerado “o terminado” el Estado de Derecho y la división de poderes y remarcó: “Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo ha logrado correr de su cargo a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, Luis Arias, juez en lo Contencioso de La Plata”
Al referirse puntualmente al caso de Boudou, la legisladora recordó que el juez que ordenó su detención, Ariel Lijo, es quien investiga a su vez la causa del Correo Argentino, en la cual Macri está imputado con su familia “como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70 mil millones de pesos” con la empresa postal, “que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse”. Además, precisó que el presidente “está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública” y añadió que, “por derivaciones de ese expediente, renunció un procurador del Tesoro (Carlos Balbín) y un presidente del Banco Nación (Carlos Melconián) por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente”.
Sobre ese punto, Cristina manifestó que “es claro que la actual situación procesal del presidente Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la Justicia en causa propia, es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del exvicepresidente”. Por lo tanto, sostuvo que “está más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares”.
Finalmente, la ex mandataria fue contundente y remarcó: “Hoy, Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general”
