Cristina enumeró la serie de argumentos errados que sostienen la causa judicial en su contra, en base a los cuales calificó "ridículo" el avance de la investigación. En primer lugar, la ex mandataria señaló que se califica como "asociación ilícita" a "un gobierno elegido en las urnas". Luego aclaró que los fondos de las obras públicas fueron "votados por el Congreso Nacional", agregó que desde 1994 son "las provincias las que llaman a licitación" y subrayó que durante su gestión las obras tuvieron el visto bueno de "la Auditoría General de la Nación y de la Comisión Revisora del Parlamento".
"Si nosotros éramos una asociación ilícita, este gobierno es una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o de gas", ironizó la ex presidenta sobre los primeros diez meses de gestión de Cambiemos y aseguró que, con las causas judiciales, Macri “busca tapar el sol con la mano y trata de esconder lo que es un verdadero desastre”.
Además, la ex mandataria resaltó que en el escrito que presentó ante Ercolini solicitó la ampliación de la investigación: "No es que no queremos que se investigue. Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública". Acto seguido, Cristina destacó que el empresario Angelo Calcaterra, primo de Macri, fue uno de los que más fondos de obra pública recibió durante su gestión, e indicó que en varias obras lo hizo asociado con Báez.
"No puede ser que se revisen sólo los fondos asignados en una provincia y a una empresa", advirtió la ex mandataria, quien agregó que no es "amiga ni socia comercial de Lázaro Báez", y que durante su gobierno se "duplicaron las empresas de obra pública" para desarrollar las obras en todo el país.
Respecto de Calcaterra, Cristina agregó que el pliego para el soterramiento de las vías del tren Sarmiento –obra asignada a Iecsa, empresa del primo de Macri– venía desde su gestión, pero la gestión de Cambiemos modificó el punto que indicaba que la obra se realizaría con financiamiento internacional para que sea el Estado el que financie la obra, "que, por supuesto, se cuidaron de que no lo firmara Macri", aclaró. "Que se investigue el favorecimiento a Iecsa", reclamó.
Por último, la ex presidenta aseguró que la causa judicial en su contra busca "la difamación, proscripción y estigmatización de un movimiento político" e indicó que "existe una "persecución judicial de todos aquellos candidatos que pueden poner en riesgo los resultados de las próximas elecciones legislativa", de 2017.
