“Ante la profunda crisis energética, el gobernador de la provincia Jorge Pedro Busti, manifestaba el pasado 5 de julio al matutino local El Sol: ‘Nosotros amortiguaríamos el efecto de la crisis, que es estructural y que está en la generación de la energía, no en la distribución’.
“Señor gobernador: conviene recordarle que con la sanción de la Ley Nacional Nº 24.065 (ley de entrega…), denominada Régimen de la Energía Eléctrica, se impide la compra directa a Salto Grande.
“Ésta ley, en su artículo 35), inciso «a» dictamina que se exceptúa a los entes binacionales para la comercialización de energía. Esa redacción, desprolija y violatoria de la legislación, es la causa principal que impide que la CTM (Comisión Técnica Mixta) de Salto Grande comercialice su propia energía generada.
“No es tolerable que los ciudadanos de nuestra provincia tengamos la energía más cara del país y una exorbitante carga impositiva en la factura de luz. Además, la tecnocracia energética, amparándose en el espíritu de la ley Nº 8.916 que regula el mercado eléctrico provincial, mediante EL MECANISMO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA, ha encontrado la solución mágica a esta situación energética, el aumento de la tarifa para desincentivar el consumo (ahorro de energía). Más aún, considera los costos de la energía eléctrica local y regional con commodities transables a nivel internacional, negando la actual crisis económica y social, de la cual la crisis energética es una de sus resultantes más evidentes por éstos tiempos.
“Como se ve, se trata de una política engañosa que busca solamente mejorar los ingresos de las compañías privadas, sin ningún análisis riguroso de la realidad; todos tenemos que pagar por las maniobras especulativas -avaladas por este y anteriores gobiernos- del sector privado que maneja servicios públicos esenciales.
“En el mismo diario, el gobernador continuaba diciendo ‘hemos invertido 130 millones de pesos en obras de energía en 3 años y medio (…), para mejorar la distribución, pero si no viene energía, ahí reside el problema’, agregó.
“El problema, señor gobernador, es que fracasó el modelo energético privatista de los ’90 aún vigente. Además, en nuestra provincia cambió el escenario de los actores que actúan en el mercado eléctrico provincial, por lo tanto, urge la derogación de la ley Nº 8.916 sancionada para darle seguridad jurídica a la empresa privada EDEERSA, igualmente vaciada, pasando dicho mercado eléctrico a estar compuesto por 18 cooperativas y la empresa estatal ENERSA que tendrán que volver a sus orígenes naturales.
“Ha quedado demostrado que este no es un problema estacional (de invierno, verano, si llueve, o no llueve, etc) ni tampoco es un dilema técnico ni jurídico: es un problema político-económico. La solución sería la aplicación de una verdadera política energética, necesaria para revertir esta situación de crisis; en otras palabras, se necesita voluntad y decisión política, pero en sentido contrario de las que tuvieron para regalarle el patrimonio energético a los operadores privados del mercado eléctrico, responsables directos de esta situación.
“Ahora tiene que ser al revés: las acciones políticas tienen que estar orientadas al bienestar general, y no imponiendo eternamente sacrificios al pueblo.”
