Las cooperativas esperan para hoy o los próximos días que el gobierno les envíe por escrito la respuesta a los reclamos efectuados oportunamente. Concretamente, requieren soluciones políticas que “ayuden a sobrellevar la crisis desatada como consecuencia de la disminución de la tarifa en 3,7 por ciento promedio en 2001 y la posterior devaluación y congelamiento”, según explicó el presidente del Consejo Regional de Cooperativas Eléctricas (FACE), el paceño Emilio Calvet.
La situación deficitaria del sector podría provocar que se resienta la prestación del servicio, al no ser posible anticipar con obras las necesidades de la demanda. “Ya tendríamos que invertir en infraestructura previendo una mayor demanda para el verano y no podemos hacerlo”, dijo el dirigente.
El salvataje que propondrá el gobierno presenta cifras que no se acercan a los 8 millones de pesos –4 millones para los sistemas rurales y 4 millones para urbanos– que solicitaron las cooperativas. “Resulta insatisfactorio de acuerdo a las necesidades reales”, remarcó Calvet.
La propuesta, en que trabajaron el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y la Secretaría de Energía, apunta a asistir a las 18 distribuidoras, aunque en mayor grado a las que poseen más índice de ruralización –clientes rurales sobre clientes totales– y menor densidad de línea, es decir la cantidad de clientes por kilómetro de línea. Así se espera dar prioridad a las distribuidoras que tienen más complicaciones financieras –las que operan en zonas rurales– por poseer menos usuarios o mayor extensión.
El titular del EPRE, Francisco Taibi, señaló que este subsidio, proveniente del Fondo de Desarrollo Eléctrico de Entre Ríos, “no hace discriminaciones” sino que se basa en “datos objetivos y transparentes”.
La asistencia se entregará en cuatro cuotas mensuales, período durante el cual se intentará acordar el descongelamiento de tarifas. Taibi confirmó que se convocará a la audiencia pública necesaria para rediscutir el cuadro tarifario que rige a todas las distribuidas, incluida EDEERSA. Para esto falta que se formalice el pedido de parte de las cooperativas. De todos modos Calvet puso sus reparos porque la decisión en esta instancia no es vinculante.
Fuente: Análisis Digital
