Junto con el ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel, Sergio Urribarri, fueron convocados los representantes de otros 23 países que, como la Argentina, votaron por la apertura de una investigación sobre posibles abusos de los derechos humanos en Israel y territorios palestinos.
Urribarri, fue solicitado por la Cancillería de Israel para mantener mañana «una conversación aclaratoria» sobre el voto de la Argentina en las Naciones Unidas (ONU), a favor de crear una Comisión que investigue las «presuntas violaciones a los derechos humanos en Israel y la Franja de Gaza».
El Presidente, Alberto Fernández, calificó como “desproporcionada” la respuesta de Israel a los ataques del grupo terrorista Hamas y contra la población civil de la Franja de Gaza. «Antes de votar, hablé con todos. Y expliqué nuestra posición diplomática. Nadie me objetó, y todos me entendieron. Por eso, no creo que el voto de la Argentina en la ONU afecte la negociación con el Club de París y el FMI», explicó el presidente Alberto Fernández días atrás.
La postura del mandatario argentino es que, en la ONU, no hubo intenciones de perjudicar a Israel en medio del conflicto con la organización terrorista Hamas, sino que esa comisión de las Naciones Unidas que dirige la chilena Michelle Bachelet también va a investigar la conducta de la agrupación, y no sólo a Israel.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la iniciativa de la ONU como «vergonzosa», y consideró que se trata de «otro ejemplo de la flagrante obsesión anti-israelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU».
Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo en Israel -12 años- tendría los días contados como tal: El líder ultranacionalista, Naftali Bennett, anunció que su partido se sumará a las conversaciones con el líder centrista, Yair Lapid, para formar un gobierno de coalición.
Lapid tiene hasta el miércoles para forjar una mayoría alternativa a la de Netanyahu en el Parlamento y poder formar un gobierno. Aunque no tienen muchos puntos en común, todos comparten el deseo de poner fin a la era de Netanyahu al frente del gobierno israelí.
Por su parte, Netanyahu afirmó que el acuerdo entre los partidos de Bennett y Lapid «debilitaría a Israel». «No formen un gobierno de izquierda; un gobierno así es un peligro para la seguridad y el futuro de Israel», dijo el domingo; aunque no explicó por qué.
El primer ministro, que está siendo juzgado por un presunto fraude, no alcanzó la mayoría necesaria en las elecciones generales del pasado marzo, la cuarta vez en dos años en que los israelíes acudieron a las urnas sin que estas arrojaran un resultado decisivo sobre quién podría formar un gobierno.
Como en las ocasiones anteriores, Netanyahu no logró asegurarse el imprescindible apoyo de otros partidos.
Conflicto armado
El lanzamiento de cohetes por parte de Hamas desde el pasado 10 de mayo, a los que el Ejército israelí respondió continuamente, volvieron a poner sobre la mesa los excesos bélicos en el enclave palestino de Gaza, una de las zonas más pobladas del planeta con 2 millones de habitantes en una estrecha franja de 365 kilómetros cuadrados. Naciones Unidas estima que hay alrededor de 75.000 personas desplazadas en Gaza, de las cuales 57.000 se encuentran en escuelas de la Agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA).
El más reciente capítulo de confrontación añadiría nuevos elementos a la investigación que la Corte Penal Internacional de la Haya (CPI) abrió en marzo por presuntos crímenes de guerra de las dos partes del conflicto sobre territorios palestinos en la escalada de 2014.
Israel llevó a cabo cientos de ataques aéreos contra lo que asegura eran objetivos militares en Gaza, destruyendo hogares y dañando infraestructura vital en el empobrecido territorio, que ha estado bajo un bloqueo desde que Hamas tomó el poder de facto allí en 2007, lo que hace prácticamente imposible salir del enclave.
Mientras tanto, Hamas y otros grupos militantes como la Yihad islámica dispararon más de 4.000 cohetes contra Israel, algunos de los cuales llegaron hasta zonas residenciales de Tel Aviv y otras ciudades, paralizando partes del país.
Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, al menos 243 palestinos murieron en la Franja, incluidos 66 niños y 39 mujeres. Además, alrededor de 1.900 personas resultaron heridas. Por su parte, las autoridades israelíes confirman doce personas fallecidas, incluidos dos niños, todos civiles con excepción de un soldado.
Según indicó la Organización Mundial de la Salud, en esta ocasión los ataques aéreos israelíes dañaron al menos 18 hospitales y clínicas.
El director en Gaza de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Matthias Schmale, señaló que al menos tres centros de atención médica fueron arrasados, incluido uno de traumatismos y quemaduras dirigido por Médicos sin Fronteras (MSF). Casi la mitad de todos los medicamentos esenciales se han agotado y varias escuelas fueron alcanzadas por los bombardeos.
Amnistía Internacional (AI) afirmó que se cometieron excesos por parte de los militares israelíes, pide una investigación independiente y que el Ejército del país entregue pruebas de sus hallazgos.
En este último capítulo de escalada, como en anteriores, la mayor parte de los muertos está del lado palestino.
El derribo de un edificio que albergaba oficinas de la agencia AP y el canal Al Jazeera
El pasado 15 de mayo, un ataque aéreo de las fuerzas israelíes derribó un edificio de gran altura que albergaba las oficinas de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), el canal de televisión Al Jazeera, principal medio de comunicación internacional del mundo árabe, y otros medios.
Las alarmas se encendieron ante lo que sería un ataque a la prensa. “El derecho internacional humanitario establece la obligación de respetar a los periodistas civiles asignados a conflictos armados y protegerlos contra cualquier forma de ataque internacional”, define el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El Ejército de Israel sostuvo que le dio a los periodistas y a todos los ocupantes de la edificación alrededor de hora y media para desalojar, debido a que asegura que halló una oficina de inteligencia militar y desarrollo de armas de Hamas en el lugar.
Después de la evacuación, los militares atacaron, corroboraron los comunicadores.
Sin embargo, la directora ejecutiva de AP, Sally Buzbee, dijo que la agencia estadounidense había contado con oficinas en al-Jalaa, la torre afectada, desde hace 15 años y que nunca le habían informado ni tenían indicios de que bienes de Hamas pudieran estar en el inmueble.
Para la cónsul palestina Rim Kanaan hay un “conflicto muy desproporcionado”, debido a que “Israel tiene un Ejército totalmente armado, con armas de alta tecnología, Palestina no tiene un Ejército, no tiene derecho a tenerlo, apenas tiene Policía (…) Es por eso que nosotros no lo hemos llamado conflicto, sino que es un genocidio, Israel es una potencia ocupante ejecutando una serie de políticas discriminatorias en contra de la población palestina”, aseguró tras referirse al control de territorios por parte de las autoridades israelíes después de la guerra de 1967.
Israel argumenta que tiene derecho a eliminar la amenaza de los cohetes de Hamas, incluida la infraestructura de mando conectada a ellos. Para el Ejército israelí, los túneles cavados por el movimiento islamista son «la columna vertebral» de las operaciones del grupo contra el Estado israelí.
El domingo 16 de mayo, Israel lanzó fuertes ataques aéreos a lo largo de una vía principal en la ciudad de Gaza, al asegurar que tenía como objetivo la «infraestructura militar subterránea» de Hamas. El bombardeo derribó tres edificios y mató en ese momento, al menos, 42 personas, incluidas 16 mujeres y 10 niños. Un día antes, un ataque sobre un campo de refugiados abarrotado mató a 10 mujeres y niños. Los medios israelíes informaron que el Ejército tenía como objetivo a altos funcionarios de Hamas reunidos en el edificio.
Los funcionarios israelíes coincidieron en que el enfrentamiento no es en contra de los palestinos, sino de Hamas y los movimientos de la Yihad Islámica, que, afirman, amenazan con destruir al Estado de Israel. Según ellos, si esas milicias dejaran las armas, eso traería un cese de hostilidades duradero.
Para la cónsul Rim Kanaan, el último estallido no se debe a los enfrentamientos aéreos iniciados desde el pasado 10 de mayo -luego de que Hamas respondiera con cohetes por los cerca de 300 palestinos heridos en las protestas contra las fuerzas israelíes, en medio de un nuevo posible caso de expulsión de familias palestinas en Jerusalén-, sino que recae en décadas de ocupación y opresión de Israel sobre los palestinos. Un eventual fin, afirma, traería estabilidad y paz a la región.
Por lo pronto, distintas voces piden una investigación independiente sobre el último capítulo de escalada para evitar más repeticiones violentas.
