En ese contexto, Yamila comentó que su familia está indignada con la desición del Juez y remarcó que además «tienen mucho miedo, ya que mas allá de que tengan una tobillera electrónica, están en sus casas, con sus familias y amigos. Es terriblemente doloroso, nosotros cada día más tristes y desilusionados y ellos, cada día mas libres», sostuvo. Además, remarcó que «la cachetada» no es sólo para su familia, sino para toda los concordienses «que se manifestaron igual de enojados ahora con esta decisión absurda, como cuando la mataron»
Respecto a la posibilidad de que esos 600 pesos puedan ser abonados por cualquier otra persona, Costen aseguró que «se lo negaron de manera rotunda», aduciendo que sólo puede ser pagado por la parte acusada. «Ni siquiera el fiscal pudo explicarnos eso ni menos que les hayan dado la domiciliaria, siendo que la causa ya estaba lista para ser remitida a juicio con las pruebas y testimonios suficientes’, señaló. «Hasta nuestro abogado, Jesús Penayo Amaya, se ofreció a pagar en el momento y no se lo permitieron»
Finalmente, la joven retomó el hecho de que los acusados hayan cobrado los 10 mil pesos de ayuda que brinda el gobieno nacional a través del Ingreso Familiar de Emergencia por la pandemia y reclamó que no los obliguen a pagar los 600 que requiere el oficio, ni permitan que alguien más lo haga. «Más que una cuestión técnica burocrática, es una tomada de pelo porque ni siquiera retrasaron el juicio, directamente los mandaron a sus casas», protestó.
«Pasaron un año y tres meses del crímen de Mariela y nosotros sólo podemos asegurar que no vamos a bajar los brazos hasta que ellos paguen por lo que hicieron y mi hermana tenga justicia», concluyó.
