Cresto: Viale ve riesgo de ‘corrupción policial’ y ‘cajas negras’ en Entre Ríos y nada en Santa Fe

El legislador concordiense sostuvo que “este es un tema demasiado serio como para jugar al oportunismo” y elogió el compromiso del gobernador de la Provincia, Sergio Urribarri, para combatir el flagelo de la droga y así proteger a la juventud entrerriana. El senador consideró que “están dadas las condiciones objetivas, está el compromiso de la justicia provincial, para aplicar una norma como la que se propone y que ahora vuelve al Senado con modificaciones que introdujeron los diputados”.

“Que Viale se ocupe del proyecto de ley que propone un sistema para combatir la venta de droga en baja escala debe ser celebrado, pero si ejercemos la acción política con responsabilidad no se puede dejar de advertir que no se trata de una cuestión trivial, por lo que con este tema hay que  dejar de jugar al oportunismo. Debe ajustarse a la verdad. Hace mucho que trabajamos en el tema porque este gobierno provincial y sus legisladores consideran que la lucha contra el narcotráfico es una cuestión de Estado”, afirmó el senador.

 El legislador recordó que hace un año comenzó en el Senado el tratamiento del tema, “cuando con firmeza, en orden al compromiso frente a la comunidad y después de evaluar que estaban dadas las condiciones objetivas para avanzar, los 17 representantes departamentales suscribimos en noviembre de 2013 un proyecto de ley para ser debatido y consensuado, con el que de inmediato nos pusimos a trabajar”.

Además observó que en Santa Fe “no hay norma específica para combatir la venta de droga en baja escala (narcomenudeo), pero si hay una corrupción policial escandalosa, que ha permitido un crecimiento exponencial del crimen organizado, sumiendo a regiones completas en situaciones de violencia parecen por momentos incontrolables y muestran instituciones desbordadas”.

 Cresto lamentó que “Viale aparezca con  argumentaciones falsas y ponga en duda el mismo proceso legislativo del que forma parte, mostrando un pensamiento pobre  y mezquino, cuando anticipa actitudes de la fuerza de seguridad entrerriana”.

 El legislador concordiense fue severo al analizar los dichos del diputado, sobre que el proyecto sanciona el consumo. “Es lamentable mentir a sabiendas. Intenta confundir porque no sabe construir o aportar”, fustigó.

 Explicó que esos dichos están alejados de la realidad porque el proyecto  sanciona las conductas tipificadas en la ley y en el Código Penal.  Los tipos penales necesitan leyes nacionales para modificarse, no provinciales como es el caso de nuestra ley próxima a aprobarse. “A esto Viale lo debería tener claro, lo debe haber oído al tema alguna vez cuando fue legislador nacional”, expresó Cresto.

 Cresto dijo que se debe perseguir a quien vende, sea poca o mucha droga, porque el daño a la salud de los jóvenes es el mismo. Indicó que los vecinos de Concordia o Paraná, por citar algunas ciudades, reclaman que se accione contra ese mecanismo que hace estragos en los barrios. Añadió a su análisis que los fiscales y jueces aplicarán, como siempre lo hacen, en todos los casos, la jurisprudencia de la CSJN, también para los casos de consumo,

 Cresto recordó que la ley 26052 (de 2005) tiene la impronta, el estilo y el clásico sello de la visión de estadista de Néstor Kirchner, quien – como un buen adelantado a su época- pretendía ya en ese entonces impulsar, con las policías provinciales, una lucha sin cuartel, integral en contra el narcotráfico, con todo el peso de la ley.

 El senador señaló que se ha tomado contacto para construir este proyecto con representantes de la Justicia provincial y Federal. “No todos están en un total acuerdo, pero la herramienta incorpora aportes de prestigiosos penalistas, de autoridades de la Justicia Provincial, de los diputados del Frente para la Victoria, por citar algunos que sumaron”, aseguró Cresto.

 Rechazó los dichos de Viale sobre que el proyecto contradice la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tildó de “mentira” el supuesto vertido sobre la posición del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

 Precisó que ya están adheridas, cada una respetando sus características propias- las Provincias de  Córdoba (Junio de 2012), Buenos Aires (2005), Entre Ríos (2007, ley 9783, que se paralizó vía decreto, fundado en una acordada del STJER);  La Rioja (2009) y Tucumán (La ley 13/3/14, ley N° 8.644, habilita a la Justicia provincial, a partir de 2015, a intervenir en causas sobre tenencia para consumo personal y venta de drogas al menudeo).

 

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