Comercialización directa
Actualmente la represa de Salto Grande vende a CAMMESA la energía que produce a $ 240 el mw/h. Luego las distribuidoras provinciales recompran esa energía a CAMMESA pagando $ 1.080,50 o $ 1.395,50 el mw/h (según sea para consumo residencial o no residencial, respectivamente). Como parte del compromiso asumido en el acta fundacional del proyecto Salto Grande, la provisión de energía a la región a precio de “boca de represa” y sin costos adicionales de transporte (ya que solo se usa el tramo que une la represa y cada una de nuestras ciudades) permitiría un justo resarcimiento histórico y amortiguaría el impacto de la suba de tarifas.
Los tres puntos fueron expuestos por los intendentes en ámbitos nacionales y provinciales en reuniones que vienen desde principios del año pasado. El gobernador Gustavo Bordet apoya y acompaña las gestiones, en el entendimiento de la importancia sustancial de estas definiciones para la región de Salto Grande. Hoy, Cresto intentará que estos temas sean incorporados a la agenda presidencial.
Regalías en especie
La Secretaría de Energía de la Nación contempla la posibilidad, bajo determinadas condiciones, de que las provincias que cobran regalías hidroeléctricas opten por cobrarlas en especie hasta un máximo equivalente al 20 % de la energía adquirida por las distribuidoras provinciales. Si como resultado de las gestiones se logra que Entre Ríos sea habilitada a utilizar este mecanismo, se podría aprovechar la diferencia de precio entre los $ 240, que vende Salto Grande, y el precio mayorista ($ 1.080,50 / $ 1.395,50) para subsidiar a los consumidores de la región.
Ampliación de la Tarifa Social
Actualmente este mecanismo reduce el costo energético para las familias que cumplen ciertos requisitos (ingreso familiar bruto inferior a dos salarios mínimos, no poseer un vehículo de menos de 10 años, etc.). Estos requisitos son muy restrictivos, haciendo que solo alrededor de 12.000 familias accedan a la tarifa social. El intendente propondrá que se corrijan para la región esos criterios, adoptando parámetros similares a los utilizados por el INDEC para medir la actividad socio económica. Y también que se incorpore a todas las familias que sufrieron inundaciones. Con esas correcciones en Concordia se ampliaría significativamente el número de familias alcanzadas por el beneficio.
