Esto va en línea con lo que recomendaron organizaciones internacionales, como el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidieron reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible, mediante esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para casos en los que sea seguro hacerlo.
Esto justamente es lo que recomendó la Justicia nacional en la Argentina. La Cámara Federal de Casación, que es el máximo intérprete de la ley penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos (como robos o estafas), así como otros presos, como los que están próximos a cumplir su pena, los que tienen condenas de menos de 3 años, los que ya están habilitados para acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional y personas en grupos de riesgo (con enfermedades respiratorias preexistentes, por ejemplo).
La situación carcelaria argentina no es la única en crisis como se ha visto. Países cercarnos al nuestro han encarado políticas similares en pos de que la pandemia avance intramuros y luego se propague a la población toda.
En Perú, el Ministro de Justicia, Fernando Castañeda, informó, ayer lunes, que su sector presentará un proyecto de norma para que los jueces revisen de oficio las prisiones preventivas de 10.000 procesados y puedan variarlas a comparecencias simples o con restricciones. Esta medida busca el deshacinamiento en los penales del país, en el marco del estado de emergencia por el COVID-19.
En Colombia durante las poco más de dos semanas que lleva vigente el decreto de excarcelaciones por coronavirus, ya van 268 personas privadas de la libertad quienes han sido beneficiados con casa por cárcel por los próximos seis meses, en medio de la emergencia por coronavirus. El decreto, expedido por el gobierno el 14 de abril, permitirá que unos 4.000 presos salgan de las cárceles y vayan a prisión domiciliaria, según ha informado el Ministerio de Justicia. Esa medida, que beneficia a personas más vulnerables frente al coronavirus como los mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes, personas con enfermedades crónicas graves, entre otros, también busca reducir el hacinamiento carcelario.
La implementación de la Ley de Amnistía en México, por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio pie a la liberación de miles de personas que cometieron “delitos menores”. Esta ley, que consiste en librar retroactivamente a un grupo selecto de personas de la responsabilidad penal por los delitos cometidos y que fue aprobada por el Senado mexicano, tiene el objetivo de liberar en el contexto de la pandemia a unas 6 mil personas condenadas por delitos sin violencia, como aborto, pequeños robos o posesión de drogas. Entre las intenciones principales de esta ley está el descongestionar las cárceles del país para evitar ser centros de aglomeración y reducir el margen de contagio del COVID-19.
