La detención en los lugares de trabajo, el allanamiento y detención en los domicilios particulares y hasta en la vía pública, y su posterior traslado -sin proceso- a cientos de kilómetros de sus residencias constituyen una clara violación a los derechos humanos y una abierta persecución, propia de regímenes autoritarios para quienes las garantías constitucionales sólo son letra muerta. Firmaron este comunicado, Sergio Elizar, Sec. Organización ; Fernando Cañete, Sec. Gral. Adjunto ; Claudio García, Sec. Administrativo
