La marcha fue convocada por el Frente Amplio (FA) gobernante y contó con la adhesión de la central obrera PIT-CNT y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin altavoces, discursos ni consignas de ningún tipo, los manifestantes se limitaron a conversar entre sí, y al final del acto la multitud, antes de disolverse, estalló en aplausos y entonó el Himno Nacional, describieron las agencias de noticias ANSA y EFE.
Entre los asistentes, de toda edad y condición, hubo dirigentes políticos y sociales como la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, el escritor Eduardo Galeano y el exvicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas, uruguayo de nacimiento.
“Aprendí hace muchos años que la vida consiste en elegir entre indignos e indignados, y yo estoy siempre con los indignados; me parece que ha sido indigna esta Suprema Corte, que practica la injusticia y que, además de practicarla, prohíbe la memoria y castiga la dignidad”, afirmó Galeano.
El viernes, la SCJ resolvió que es inconstitucional una ley que en 2011 declaró imprescriptibles las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura (1973-85).
Según diversas interpretaciones, la medida restablecerá la vigencia de la Ley de Caducidad (amnistía, sancionada en 1986 y ratificada en plebiscitos en 1989 y 2009) y ocasionará seguramente el archivo de medio centenar de investigaciones judiciales y la libertad de dos ex militares que están en prisión.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) afirmó en una declaración difundida hoy en Montevideo que la resolución de la SCJ “representa una afrenta para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares” porque “amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse”.
No obstante, el comunicado reconoció que “el fallo mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales investiguen y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables”.
La crítica de AI se sumó a la que formuló ayer la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien manifestó que se sentía “sorprendida y preocupada” por la posibilidad de que “estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia”.
Paralelamente, los expresidentes conservadores Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle emitieron hoy una declaración conjunta en la que advirtieron que el “retorno de actitudes antidemocráticas” puede “arrastrar a tiempos de confrontación que no deben repetirse”.
“No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”, afirmaron.
Los colorados Sanguinetti (presidente en 1985-90 y 1995-2000) y Batlle (2000-05) y el blanco Lacalle (1990-95) gobernaron Uruguay durante los 20 años que mediaron entre la restauración de la democracia tras la última dictadura y el ascenso al poder del FA, con el entonces mandatario Tabaré Vázquez, antecesor de Mujica.
La tensión alrededor de la SCJ, que llevó a sectores del oficialismo a alentar la posibilidad de promover juicio político a sus miembros, comenzó el 15 de este mes, cuando el tribunal trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes relacionados con denuncias sobre la última dictadura.
Y se acrecentó la semana pasada, antes de la controvertida resolución del viernes, cuando declaró inconstitucional una ley impulsada por el FA que pretendía evitar la concentración de la propiedad de la tierra en el país.
