El gobierno había ofrecido en la noche del martes levantar el decreto de esencialidad a cambio de que se levantara la huelga, pero los docentes reclaman abrir un debate sobre el aumento salarial y el presupuesto para mejorar las condiciones de trabajo. Algunos docentes eligieron tomar los establecimientos, colgando pancartas y túnicas de los enrejados de los edificios. Otros prefirieron dictar clases pero utilizando un brazalete negro por encima de sus guardapolvos para demostrar solidaridad con sus compañeros. Por la tarde, y en señal de protesta, cientos de maestros se tomaron de las manos y rodearon el perímetro del Palacio Legislativo.
El dirigente de la Asamblea de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo (ADES), Julio Moreira, criticó el decreto presidencial. “Se trata de un procedimiento absolutamente irregular, violatorio del derecho a la huelga de acuerdo a lo que prevén las leyes nacionales e internacionales”, dijo. “No habrá instancia de negociación mientras continúe vigente el decreto.” Además, informó que la agrupación declaró como persona no grata a la ministra de Educación, María Julia Muñoz. “Veremos si están dispuestos a iniciar los trámites de destitución de miles y miles de docentes en todo el país”, sentenció.
Por su parte, el ex presidente José Mujica pidió a los docentes que levanten la medida. “La enseñanza es fundamental para todos, pero sobre todo, para los más débiles, los que además de educación, precisan contención, calor y comida”, señaló el senador. “Humildemente imploro a los trabajadores de la enseñanza que siembren concordia en su trabajo, sin que por ello abdiquen de sus derechos”, dijo.
La propuesta del gobierno incluye llevar el salario mínimo docente a 25.000 pesos (890 dólares) para 2020, y entregar un incremento de 179,4 millones de dólares para la educación en los próximos dos años, lo que constituye un 39 por ciento de todos los aumentos presupuestales para 2016 y 2017. Así, el presupuesto educativo equivaldía al 4,8 por ciento del PIB en los próximos dos años, llegaría a cinco por ciento en 2018 u a seis por ciento en 2019, para cumplir con el compromiso asumido por el presidente durante su campaña electoral. Por su parte, los sindicatos exigen un salario mínimo de 30.000 pesos (1070 dólares) y un acuerdo salarial por cinco años.
Por su parte, la central sindical única uruguaya PIT-CNT sugirió ayer a los sindicatos de la educación desactivar las medidas de protesta. Sin embargo, la mesa representativa de la organización sostuvo el paro parcial previsto para hoy, así como también la denuncia contra el gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Justicia uruguaya, dado que consideran que el decreto atenta contra la libertad sindical. El secretario general de la PIT-CNT, Marcelo Abdala, sostuvo que la decisión final sobre la continuidad de las medidas gremiales corre por cuenta de los sindicatos docentes. “El sujeto de la negociación son los sindicatos de la enseñanza y es particularmente allí que deben adoptarse decisiones que tienen que ver con la táctica.”
