Aunque en esta época del año la importación de energía suele ser moneda corriente, también es cierto que la recuperación económica de los últimos meses, sumada a la impiadosa ola polar acontecida, sorprendió en buena medida a las autoridades del sector energético.
Esa situación se hizo evidente en el dato irrecusable de que sobre un total de 46 generadores de toda naturaleza existentes en el país, algunos de ellos se vieron forzados a sufrir una indisponibilidad de despacho de máquinas por falta de combustibles líquidos en sus depósitos.
A pesar de las protestas que se hicieron notar durante el invierno del 2009 entre las asociaciones de defensa de los consumidores como consecuencia de la vigencia de las subas tarifarias aplicadas a fines del 2008 sobre reducidos segmentos de grandes usuarios de los sistemas gasífero y eléctrico caracterizados por sus elevados consumos, a esta altura de las circunstancias resulta inocultable que la falta de extendidos y prudentes ajustes de precios y tarifas ha comenzado a jugar en contra de una prudente y racional utilización de los recursos disponibles.
Esto es así porque el año pasado entre aquellos usuarios que registraban habitualmente consumos mayores a los 2.800 kW/h bimestrales se había anotado en Edenor y Edesur una reducción de sus demandas de energía, con relación al 2008, superior al 30% durante el invierno del 2009.
Otro de los datos que conviene tener en cuenta es que Cammesa adeuda hasta la fecha a todo el conjunto de los generadores la suma de $2.600 millones lo que revela la necesidad de efectuar correcciones en favor de la recomposición del fondo de estabilización de precios del MEM.
La Argentina, en las actuales condiciones de crecimiento económico que se han vuelto a verificar tras el paréntesis impuesto por las repercusiones desencadenadas en en 2009 por el estallido de la crisis financiera global, necesita cada año de la incorporación de unos 800 MW a su sistema generador.
Si bien el Estado nacional desde el 2004 se mostró singularmente activo al encarar el lanzamiento de nuevos proyectos, tales como la elevación del embalse de Yacyretá, en cuyas obras ambientales ya se llevan invertidos más de u$s1.200 millones, o en las usinas termoeléctricas Belgrano y San Martín del Foninvemem, donde en conjunción con el capital privado se logró sumar a un costo de u$s1.360 millones un total de 1.600 MW en esos dos ciclos combinados, el país entre el 2004 y el 2008 creció a tasas acumuladas del 8,5% anual promedio.
Ese crecimiento permite suponer que la demanda de energía se incrementó en esos años en porcentajes paralelos a esa mayor riqueza. Y para este año ya hay algunos analistas económicos que auguran un crecimiento del PBI no menor al 8 por ciento.
Frente a toda esa perspectiva económica el Gobierno reaccionó con diferentes planes, como el Programa de Energía Plus lanzado hace más de dos años.
Ese plan está centralmente basado en el reconocimiento para esa oferta incremental de energía de los inversores privados de un precio de remuneración acorde con los costos marginales que experimenta el sistema generador que no son, por supuesto, los valores pesificados que se heredó de la emergencia económica.
En el sistema gasífero se puso en marcha el Programa Gas Plus, que permitirá la puesta en producción de yacimientos de gran complejidad técnica. En esa dirección, Cammesa reconoció a la petrolera Apache un precio de u$s4,5 para el millón de BTU del gas extraído de arenas compactas, lo que supuso un aumento del 67% en los precios de ese hidrocarburo en la boca del pozo. El crecimiento económico exige de mayores inversiones energéticas y de valientes decisiones políticas, consigna El Argentino.
