El legislador uruguayense anticipó que la iniciativa también contempla solicitar al gobierno provincial que una vez realizado el Estudio de Impacto Ambiental se lo someta a consideración en una audiencia pública a celebrarse en Concepción del Uruguay, de manera previa a su aprobación. Y aclaró que el estudio no podrá ignorar las disposiciones introducidas en el texto constitucional el año pasado, en especial lo referido a la protección de los humedales.
En los fundamentos del proyecto el legislador radical sostiene que «lo que se solicita al Ejecutivo Provincial no es otra cosa que el cumplimiento de una normativa vigente en obras del FFFIR (Ley 24.855), en este caso el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos de dicho organismo, que establece que “la jurisdicción deberá presentar, además, el Estudio de Impacto Ambiental y/o Factibilidad Ambiental emitidos por el área específica de cada jurisdicción, en el que se manifieste que la obra es ambientalmente apta y cumple con toda la normativa jurisdiccional en la materia”.
Artusi enfatizó que «ha causado notoria preocupación en numerosos sectores de la ciudadanía la falta de información pública que ha caracterizado hasta ahora a este proyecto”.
Y agregó que ha contribuido a agravar esa preocupación la nota que dirigió recientemente el Secretario de Medio Ambiente de la provincia, Fernando Raffo a un grupo de vecinos de Concepción del Uruguay ante una requisitoria de en la que señala que, respecto al proyecto: “es mi deber decir que no contamos con información alguna sobre el mismo, o del Estudio de Impacto Ambiental que sobre éste se haya realizado”. El contenido de la nota fue publicado por el periódico “El Día” de Concepción del Uruguay el domingo 28 de Junio de 2008.
El legislador también entendió «pertinente solicitar también, en aras de la transparencia y la promoción de la participación ciudadana, que se someta al mencionado estudio de impacto ambiental a una audiencia pública a celebrarse en Concepción del Uruguay, de manera previa a su aprobación y remisión al organismo nacional encargado de financiar la obra».