La quinta donde trabajaban está ubicada en Santa Amelia. Habían comenzado a trabajar el 5 de octubre. María del Carmen Albornoz, una de las cosechadoras despedidas junto con su hijo, expresó: “el señor Horacio Ramírez, de SEPYM, me despidió nada más que por hacer un reclamo de horarios”. Los trabajadores habían pactado, de antemano, una jornada laboral de 8 horas. “Cuando le pedí que paráramos a las seis, porque estábamos trabajando entre 12 y 13 horas, a los dos o tres días me manda el telegrama de despido”, expresó.
Los cosecheros reclaman dinero adeudado debido a que consideran que hubo muchas irregularidades en el pago. “Al principio no hubo horas extras hasta que hicimos el reclamo. Trabajábamos 12 o 13 hs. y más, incluyendo sábado, domingo y feriado, y se nos pagaba lo mismo”, aseguró. La retribución por la jornada laboral diaria era de $ 30,40. “Pero nos pagaba $ 26 o $ 27 con descuentos. Los descuentos eran por el Sindicato de la Fruta, la obra social, pero él nunca pagó eso en ningún lado. Se la guardaba, obvio”, indicó.
Otra de las cosechadoras aseguró que Ramírez llegó a amenazarlos con custodios armados. “Nos seguía, trataba mal verbalmente, nos separaron del grupo, nos decían los leprosos, no nos dejaban ir al baño, nos daban agua del lago, comíamos en el piso al lado del veneno para ratas”. Este grupo siguió trabajando luego de despido de los primeros cosechadores, pero afirman que la persecución comenzó debido a que habían apoyado a los reclamantes. “Buscaban que renunciemos, y nos vimos en la obligación de hacerlo”.
“Queríamos terminar a las seis de la tarde, y llegaba el administrador y nos decía: ‘si quieren les pongo los reflectores de la camioneta pero ustedes me siguen trabajando’. Y seguíamos hasta las 8, 8:30 hs. de la noche”. Incluso, si los cosecheros no alcanzaban a recolectar los 15 kilos diarios pactados, les pagaban $ 1,80 el kilo en vez de $ 2. “Para el Día de la Madre nos pagó $ 3 el kilo, pero no había fruta. El que más hizo fue cuatro baldes”.
“En una quinta había dos baños y en la otra dos baños más, cuatro baños para 80 personas”, aseguró Albornoz. “Hasta en los colectivos íbamos parados, no podía ser”. Otra de las cosecheras aseguró que actualmente trabajan “muchos menores de edad en negro”. “La gente muchas veces se queja pero por no perder el pan, sigue trabajando”.
“Nosotros lo que queremos es cobrar, nada más, lo que nos adeuda y lo que nos robó”, indicó Albornoz. Los trabajadores decidieron recurrir al abogado Martín Jáuregui para que los represente. El miércoles 7 de diciembre tienen una audiencia de partes con Ramírez en la Dirección Provincial del Trabajo.
