La chispa primera fue provocada por un comunicado oficial del municipio paranaense, donde se le respondía a los almaceneros de la capital provincial, quienes habrían denunciado que no fueron debidamente atendidos por la gestión de Julio Solanas.
La cuestión derivó en la discusión sobre algunos privilegios que goza la actual firma EDEERSA y el municipio de Paraná preguntándose sobre “por que razón el Contrato de Concesión de la distribución de Energía en la Provincia de Entre Ríos, aprobado por Decreto 157/96 en su artículo 34 establece a favor de la Empresa Concesionaria una exención de impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes municipales que incidan sobre el cumplimiento del contrato, comprendiendo bienes, actos, obras, usos u ocupación de espacios, actividades, servicios, ingresos, tarifas y/o precios de la distribuidora”.
Luego de esta capciosa pregunta, el comunicado acusaba a la principal distribuidora de energía de ser una “rémora del neoliberalismo que azotó durante diez años la argentina, es la que en definitiva ha hecho que los impuestos y tasas que “no paga” la Empresa, sean volcados a los magros bolsillos de los usuarios”.
El texto del ejecutivo municipal concluía aclarando que “lo que el Municipio recauda, luego de debitados los consumos, vuelve en obras. En cambio los impuestos y tasas que las Empresas tienen garantizado no pagar, rara vez quedan en nuestro suelo. Tal vez sea hora de tornar la mirada hacia ese lugar de privilegio”.
La respuesta provincial.
El retruco de la administración de Jorge Busti no se hizo esperar, en primer lugar aclararon que “el contrato de concesión de la Empresa Distribuidora de Energía de Entre Ríos (Edeersa) fue una bisagra en la historia de la República Argentina, en el sentido de que hasta ese momento en todas las privatizaciones que se hicieron, el producido de las mismas era destinado a gastos corrientes, a un pozo negro donde no se controlaba realmente, ni se reinvertía lo que se obtenía en el proceso licitatorio”.
“En cambio, en el proceso de concesión del año 1996, todo el producido (los 160 millones de dólares) fue controlado por la mayoría de la Alianza que había en el Senado, en una cuenta especial, y se destinó para el desarrollo y el crecimiento provincial. Es decir, se utilizaron más de 120 millones de dólares para extender el gas a todo los rincones de la provincia, abarcando 48 municipios, gasoductos troncales, ramales de aproximación, redes en distintas ciudades, lo cual se truncó a partir de 1999, cuando terminó nuestro Gobierno justicialista”, expresa el texto.
“En todo caso, todos nos tendremos que hacer cargo de las actitudes que tomamos cuando venía el ex presidente Carlos Menem a Paraná, a la provincia de Entre Ríos; de nuestras posiciones en los palcos, en las caravanas, en las adhesiones y hacernos cargo también de toda la historia del Justicialismo, con nuestros errores y aciertos. De cualquier manera, este Poder Ejecutivo asume la historia en su plenitud”, se enfatiza.
Por otro lado, “es de destacar que este proceso de concesión de Edeersa permitió, además, una inversión de 200 millones de dólares en el mejoramiento del servicio eléctrico de la provincia, lo que indudablemente significó que Entre Ríos fuera una de las pocas provincias sin corte de energía en el momento más tremendo de la crisis energética”.
En cuanto a las tasas municipales, se señala que “nuestra política como Gobierno provincial será el tratar de unificar los criterios y que realmente Entre Ríos tenga la menor presión impositiva posible, para poder atraer inversiones a nuestro territorio”. Con respecto a la atención que se le brindó al Centro de Almaceneros de Paraná, para atender una inquietud sobre la instalación de comercios de origen extranjero, se aclara que “fue como respuesta a un pedido de audiencia que se receptó, donde lo que se debatió fue lo que corresponde a la competencia provincial. Es decir, la provincia va a ejercer los controles a través de la Dirección Provincial de Trabajo, a través de la Dirección General de Rentas y a través de todos los organismos de nuestra competencia, así como la Municipalidad tendrá que determinar su política de habilitación o no de los negocios en cuestión”, finaliza el texto.
