Presidido por el español Luis Martí Mingarro y completado por los árbitros Carlos Barreira (argentino) y José María Gamio (uruguayo), el cuerpo sesiona en un marco de total hermetismo y su dictamen será comunicado a la Secretaría del Mercosur.
El triunvirato arbitral trabaja sobre la idea de emitir un laudo «equilibrado», en el que ninguna de las partes aparezca como «derrotada».
Pero hoy, de acuerdo con las fuentes, se dieron algunos «contrapuntos» que trabaron la salida y provocaron «situaciones complejas» entre los pareceres jurídicos de cada uno de los miembros.
El veredicto tribunalicio no puede ser «neutro», según reglamento, y la tendencia dominante en el cuerpo está basada en poder llegar a un «status» que sirva como «precedente» para eventuales controversias futuras, admitieron fuentes del Mercosur.
Si bien el contenido del laudo -que puede ser apelado- no acarrearía por sí mismo consecuencias concretas trascendentes para los países, sí tendría un efecto mediático imaginable y abriría un escenario político nuevo.
Cortes
De hecho, el gobierno de Tabaré Vázquez aguarda contar con un laudo favorable para entonces recurrir a una nueva instancia judicial en la que demandaría a la Argentina por los presuntos «daños económicos» que les provocaron los cortes del verano pasado.
La Argentina, en tanto, espera un laudo «justo» para no tener que apelar al Tribunal de Revisión de Asunción del Paraguay e, incluso, impugnar a Martí Mingarro por originales «vicios en el procedimiento de su designación y por su condición de español».
Una de las pasteras que se proyectan en Fray Bentos, sobre márgenes del río Uruguay, pertenece a la compañía española Ence -la otra a la finesa Botnia- y en la Cancillería argentina entienden que este laudo ameritaba un presidente arbitral de una nacionalidad imparcial.
La demanda uruguaya acusa a la Argentina de haber incurrido en «omisión» -no accionar- frente a los cortes producidos por asambleístas entrerrianos en Gualeguaychú y Colón.
Desde la Argentina se rechaza enfáticamente la acusación, argumentando haber asumido un rol «activo» y resuelto los cortes de rutas por medio de la «disuasión».
Uruguay no incluyó en la demanda los presuntos perjuicios económicos provocados por los cortes, que oficialmente magnifican en el orden de los 400 millones de dólares.
De cualquier modo, la Argentina dio pruebas precisas al respecto y demostró que la situación de las rutas por los cortes no provocó daños ni alteró la tendencia creciente en la relación bilateral en lo comercial y turístico.
