El 22 de diciembre de 2005, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concordia –entonces compuesta por los jueces Mariela Emilce Rojas de Di Pretoro, Martín Francisco Carbonell y Marcelo Garay– halló culpables del delito de enriquecimiento ilícito al ex senador provincial Mario Yedro, y a su esposa en ese momento, Silvia Torres.
Yedro fue condenado a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, a pagar una multa de 90 mil pesos, lo inhabilitaron por el término de 10 años para ejercer cargos públicos, y se le aplicó el decomiso de un campo de 2.200 hectáreas, de su propiedad, ubicado en el departamento Tala, cerca de Maciá, valuado entonces en 7,5 millones de dólares.
Yedro fue concejal justicialista de Concordia al inicio de la recuperación democrática, y luego senador provincial durante dos períodos, coincidentes con la primera y la segunda gobernaciones de Jorge Busti: entre 1987 y 1991, y entre 1996 y 1999. En ambos, ocupó la presidencia del bloque justicialista en el Senado.
Condenado por la Justicia siete años después de haber abandonado su banca, intentó una revisión del fallo. A principios de enero de 2006, patrocinado por su abogado, Jorge Romero, ex fiscal de Estado, fue con un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que, sin embargo, le resultó adverso.
En abril de 2007 la Sala Penal del STJ –compuesta por Daniel Carubia, Miguel Carlín y Carlos Chiara Díaz– resolvió confirmar íntegramente la sentencia.
El decomiso efectivo del campo de Yedro ocurrió recién en septiembre de 2008. Fue entonces cuando el Estado provincial tomó posesión de las más de 2 mil hectáreas, a través de la Fiscalía de Estado.
El campo había sido incorporado al patrimonio del ex legislador justicialista a través de la sociedad Delrubio & Hunmendi, de la que participaba junto a su ex esposa, Silvia Torres. La sociedad había sido formada en 1997, junto a otras personas: Juan Orabona, Juan Martín Telayna y Jorge Cutro.
Pero desde que el Estado tomó posesión de la propiedad, no se le ha dado un destino. Para eso habrá que aguardar un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe resolver sobre un recurso de queja planteado por la defensa de Yedro.
Aunque ya la Procuración General de la Nación (PGN) recomendó a la Corte rechazar la queja planteada por la defensa del ex senador contra el fallo por enriquecimiento ilícito que dictó en 2005 la Justicia provincial.
En septiembre de 2009 trascendieron detalles del dictamen del procurador Eduardo Ezequiel Casal, en el que recomendó a la Corte desestimar el recurso. “El tipo penal en cuestión armoniza con el artículo 36º de la Constitución Nacional, en cuanto éste postula la erradicación de la corrupción en la administración pública, y con la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por las que los Estados parte se comprometieron a tipificar el delito de enriquecimiento ilícito mediante una descripción similar a la contenida en el artículo 268º (2) del Código Penal”, subrayó.
Aún así, resta que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
Claro que hasta tanto la Corte no se expida, el campo expropiado a Yedro seguirá en la indefinición. No se lo puede vender ni entregar en cesión a un tercero. Ni darle ningún uso que no sea su custodia provisoria.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, admitió que la situación está sin poder resolverse. “Nosotros cumplimos con la orden judicial que ordenó el decomiso del campo. Y tomamos posesión, y enviamos a un empleado de la Fiscalía para que custodie el lugar. El decomiso es del bien inmueble, no de los muebles o todo lo que haya adentro del campo”, observó Rodríguez Signes a El Diario.
“Yedro tiene un recurso de queja ante la Corte, y eso se tiene que resolver para que podamos después darle un destino a ese campo. Mientras, tomamos posesión del inmueble. Mandé a un empleado de la Fiscalía para que se instale allí. La Provincia decidirá después un destino para ese inmueble. Si la Corte hace lugar a la queja, y anula la sentencia, hay que devolverle el campo. Pero si lo rechaza, no hay más historia. Y el campo queda para la Provincia”, sostuvo Rodríguez Signes.
AQUELLA PRIMERA CONDENA CONTRA EL EX SENADOR YEDRO dictada en 2005 en Concordia ordenó el decomiso de su campo en Rosario del Tala: el trámite debía llevarse adelante teniendo en cuenta que la propiedad, ubicada en Raíces Norte, departamento Tala, se subdivide en tres facciones: el primer inmueble consta de una superficie total de 1.031 hectáreas, el segundo de 651 hectáreas, y el tercero de 482 hectáreas.
