Se trata de Guillermo Galantini, un docente de Monte Caseros que fue detenido, apaleado y torturado, el pasado 23 de noviembre, en medio de un violento desalojo en Paso Vallejos, Monte Caseros.
La movilización, que llenó quince cuadras de personas, se concentró en la plaza Juan de Vera y fue hasta el Superior Tribunal de Justicia, para culminar en la Casa de Gobierno, donde se entregó un documento y se hizo una conferencia de prensa. El principal diario, El Litoral, no publica la noticia.
Las organizaciones que participaron de la marcha expresaron que el pretexto para la detención del profesor Galantini fue a participación en la protesta por el desalojo, pero la verdadera razón es que hace poco tiempo el docente descubrió y denunció que la policía de Monte Caseros usa menores de edad para obligarlos a traficar localmente drogas ilegales.
Guillermo Galantini, militante y miembro de la CODEJU desde hace muchos años, se encuentra detenido a disposición del Juzgado de Monte Caseros, desde que fue golpeado y detenido por la policía correntina cuando se encontraba acompañando -como es el rol de los organismos de DDHH- a una familia de 5 miembros que estaba siendo brutalmente desalojada, tras perder un juicio de casi 20 años, de un lugar que habitaban hacía más de cincuenta años, con posesión legítima. Si bien estaba la orden de desalojo, no hubo intimación previa de la medida a la familia y tampoco le dieron tiempo para sacar sus pertenencias.
Galantini está imputado de atentado y resistencia a la autoridad, e instigación a cometer delito porque desde un megáfono habría instado a atacar a los policías que participaron del procedimiento; y también lo acusan de lesiones a un par de uniformados, en base a una filmación. Por estos delitos es que le denegaron la excarcelación, pero su abogado Hermindo González pedirá el miércoles próximo su liberación.
En la conferencia de prensa los voceros de CODEJU expresaron que «con la detención de Galantini se intenta disciplinar a quienes luchan contra las políticas de ajuste, de concentración de las tierras y de extractivismo», y enfatizaron que «la Justicia correntina es la misma justicia que pretende aleccionar a las luchas sociales y condena a compañeros como César Arakaki y Sebastián Romero, que pelearon contra la reforma jubilatoria». También mencionaron el reciente asesinato de Lautaro Rosé a manos de la policía provincial: «La lucha por la tierra, la vivienda, y contra los abusos y la violencia policial e institucional, está a la orden del día, porque gobiernos como los de Valdés y Olivieri están ensañados con las y los trabajadores, quienes cada día sufren la pobreza y los atropellos de las clases propietarias; recordemos el atropello a los derechos humanos por parte de la policía correntina, el asesinato del joven Lautaro Rosé por el cual seguimos pidiendo justicia».
