Este encuentro fue confirmado por el propio Tofoletti, cuando amplió por varias horas su indagatoria días atrás. Dicen que fue averiguar cómo era el trámite de aprobación de las mensuras.
El director provincial de Catastro se encuentra privado de su libertad en la Comisaría Cuarta de esta ciudad. Está sospechado de pertenecer a una asociación ilícita, que facilitaba la inscripción de mensuras irregulares para la compra-venta ilegal de lotes, y hasta se dice, que es propietario de algunos de ellos.
Escarlón también visitó a María Eugenia Demetrio, titular del Registro de la Propiedad Inmueble, la que logró su excarcelación el día jueves, beneficio judicial que provocó gran revuelo el pasado viernes por la mañana en los Tribunales del viejo Hotel Buenos Aires, situado en Pellegrini al 1058 de la capital correntina.
Hubo reclamos por parte de los abogados defensores por arbitrariedad, parcialidad y violación al debido proceso y las garantías de la presunción de inocencia, lo que sí logró la escribana Demetrio, y no los otros detenidos. Las visitas a Demetrio y Tofoletti, el prosecretario Escarlón, las habría realizado a título personal, y no en carácter de funcionario judicial, claramente no tuvo el acompañamiento de un escribiente como es regla, ni tampoco presentó algún oficio ligado a la instrucción. Surge inmediatamente interrogante.
A qué fue?. Hace un mes atrás, no pocos aseguran que Escarlón fue acusado por una persona por haberlo despojado de un terreno. La denuncia que circuló, se observó y se chusmeó, desapareció, simplemente se esfumó, y hasta aseveran que no existió. No es la primera vez que ocurren situaciones, aquellas “como por arte de magia” en la justicia penal de Corrientes.
Sin embargo en su declaración ampliada ante la Fiscalía, la escribana Gladys Báez, asegura que Demetrio, Escarlón y Pedro Antonio Verón, Jefe de Legales del RPI, armaron la causa.
El dato al que tuvo acceso noticias Taragüí, que tarde o temprano se ventilará, es que figuran integrantes del servicio penitenciario, policías, dirigentes políticos, funcionarios del Ejecutivo Provincial, y hasta del propio Poder Judicial, con boletos de compra-venta de terrenos indivisos, ubicados en la polémica zona conocida como San Blas, sobre ruta provincial 43.
Y entonces?
