La familia y el abogado de Griselda Blanco continúan desmintiendo a las autoridades que primero detuvieron, sin imputarlo de nada, y luego procedieron a inventar una imputación sin asideros sólidos, a la última pareja de la periodista, Armando Jara. Francisco Adaime, defensor de la ex pareja de la periodista -único acusado y detenido por el femicidio-, dijo este jueves que planteará la nulidad de la imputación porque “no hay pruebas suficientes”. También explicó que “faltan resultados de informes que son fundamentales”. Jara también fue indagado por la titular de Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), María José Barrero Sahagún, y se declaró inocente. Además, brindó precisiones de todo lo que hizo ese día, también de las amenazas que recibía Blanco, y respondió todas las preguntas que le formularon. En diálogo con la agencia de noticias Télam, el abogado del detenido mencionó y destacó que en la audiencia frente a la fiscal también estuvieron presentes los hijos de la periodista asesinada y “conversaron con Jara normalmente”.
Desde el principio, Luciano y Fabián Cesani no estuvieron de acuerdo con la hipótesis del femicidio de su madre que involucraba a la ex pareja. “No creo que femicidio sea el calificativo que haya que darle a esto”, destacó el joven. Y sobre la detención del ex de su madre, agregó: “Como en cualquier pareja se tienen problemas, pero no para llegar a este extremo… No creo que haya tenido algo que ver con esto, aunque aclaro que estamos esperando las pericias y los resultados”.
No obstante, sin que aparecieran nuevas pruebas, en la audiencia de formalización de la imputación en el Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín José Vega, la fiscal Barrero Sahagún imputó a Jara por el delito de “homicidio agravado por la relación de pareja”, es decir femicidio. Lo que fue entendido por observadores locales como el resultado de las enormes presiones de la policía y el poder político correntino, desesperados por desligarse del crimen, que hasta ahora apunta hacia ellos.
Mientras tanto la Policía Federal detuvo este jueves a un hombre que estaría involucrado en el crimen, se trataría de Luiz Muñoz quien alquilaba el boliche bailable Punto Sur La Policía Federal realizó un operativo en el local bailable de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá. Se trata de un local que queda ubicado sobre la Ruta provincial N° 126
UNA DELEGACIÓN DE PERIODISTAS ARGENTINOS, FATPREN Y FOPEA, LLEGAN A CURUZÚ CUATIÁ PARA EXIGIR EL ESCLARECIMIENTO DEL BRUTAL CRIMEN
(1588) Una comisión de Periodistas Argentinas llega a Corrientes por el crimen de Griselda Blanco. Las profesionales arribarán este viernes a Curuzú Cuatiá. Se trata de las reconocidas comunicadoras Claudia Acuña y Nancy Pazos, quienes estarán por la mañana en esa localidad apoyadas por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Foro de Periodistas Argentino (Fopea).
Acuña y Pazos mantendrán una reunión con los familiares de la comunicadora asesinada, y posteriormente brindarán un móvil para medios nacionales desde allí. Además, “tienen programada una reunión con la fiscal María José Barrero Sahagún, que investiga el homicidio y un encuentro virtual con el ministro de Justicia de la provincia, Juan José López Desimoni. Desde el colectivo de Periodistas Argentinas se señaló que la organización hará el seguimiento de este crimen y avasallamiento contra la libertad de prensa. Dicen que no descansarán hasta que se esclarezca el brutal asesinato.
MIENTRAS TANTO LA RED CORRIENTES DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIA UN NUEVO HECHO DE BRUTALIDAD A MANOS DE LA SOSPECHADA POLICIA DE LA PROVINCIA.
La Red Corrientes de Derechos Humanos, informó sobre un nuevo caso de violencia policial y detenciones arbitrarias en Corrientes. El incidente es investigado por la titular de la UFIC Nº4, Sonia Meza.
El grave hecho de violencia policial, sucedió en jurisdicción de la comisaria 17, y terminó, con una persona llevada de urgencia a cirugía del Hospital Escuela. A Vicente Alegre de 30 años, le tuvieron que extirpar el bazo, por las lesiones provocadas por personal de un móvil policial. Había actuado irregularmente y sin comunicación judicial.
El episodio ocurrió en la madrugada del 19 de mayo, cuando los uniformados lo interceptaron, y procedieron a demorarlo por deambular de madrugada sin DNI. La familia de Alegre denunció que lo subieron violentamente, pateándolo, para luego arrojarlo a la cajuela del patrullero. La golpiza siguió en una dependencia de la fuerza. Tras el rutinario control de antecedentes y sanidad policial, fue llevado a la comisaria contravencional. Con el correr de las horas, el muchacho se descompensó. Tenía lesiones internas producidas por los golpes y debió ser trasladado al nosocomio estatal. Tenía marcas de borceguíes en el cuerpo. La policía dijo que fue herido con un arma blanca. Algo que rápidamente se desmintió. Según los estudios médicos soportaba una fisura de bazo con grave riesgo de vida, y debió ser sometido a una esplenectomia para extirpar el órgano dañado. Existen muchas contradicciones en el procedimiento.
Una demora policial por averiguación de antecedentes, terminó con el detenido en un hospital al borde de la muerte, luego de ser castigado violentamente.
