Por lo cual, debemos acompañar de manera manifiesta con profunda convicción federalista el pedido de los gobernadores y gobernadoras respecto de una distribución justa, conjuntamente con el gobierno nacional, con la esperanza de que su acción mancomunada nos conduzca al tan postergado acuerdo en materia de coparticipación federal.
En el año 2016 Mauricio Macri elevó por decreto Nº194 la porción que correspondía a la ciudad de Buenos Aires en un 160%, respecto de lo cual me he manifestado oportunamente desde mi rol de diputado nacional en total desacuerdo, considerando que no se atiende debidamente a la equidad y a la igualdad de desarrollo y oportunidades concentrando recursos en una ciudad en detrimento de las provincias. Sin dudas, una decisión a contramano de la justicia distributiva.
Es indispensable ir en sentido contrario a este tipo de medidas, con criterio solidario, y hacerlo desde una ley que se construya con las voluntades concurrentes de las provincias, a fin de dar una solución superadora a las discrecionalidades que perjudican a muchos para beneficiar innecesariamente a pocos.
Hoy nos encontramos con un episodio más de este reparto injusto al que nos enfrenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indudablemente no constituye el ámbito natural constitucionalmente establecido en el que debe debatirse y resolverse sin conflictos de poderes el tema de la coparticipación, es decir, el Congreso Nacional.
Así, la Corte aumenta la parte que corresponde a la ciudad de Buenos Aires en más de 180 mil millones de pesos adicionales, cuyo pago debería afrontarse con detrimento del presupuesto nacional, y como es lógico, de las provincias.
Por ello, sostengo que tal acuerdo político para una ley que distribuya con justicia los recursos coparticipables se impone no sólo por mandato constitucional, sino social, como dije al principio, dado que son las personas que viven en las provincias, con sus realidades concretas, esperan que se pueda alcanzar un mejor estado de cosas, que indudablemente debe venir de la mano de un reparto justo de los recursos.
Detrás de la exigencia de la Constitución Nacional está la demanda social de una vida mejor, y no debe distraernos la disputa de poder en torno al control de los recursos, sino la necesidad urgente de mostrar un sendero de acuerdo hacia un desarrollo mancomunado y solidario de nuestras provincias.
