Delcanto remarcó que “sería de una enorme contradicción y hasta ridículo, que el Gobierno Provincial pretenda reducir dineros a los municipios o inmiscuirse en los tributos de nuestros pueblos por un lado, y por otro esté proponiendo –vía Reforma Constitucional– otorgarle a las comunas autonomías plenas (política, institucional, administrativa y económica). Queremos creer todo lo contrario, que existe la idea de la mano del reclamo de todos los intendentes, de que la provincia reconozca de aquí en adelante todo el esfuerzo que han hecho las municipalidades durante los últimos diez años, permitiendo que dineros propios, los utilizara el estado provincial mediante leyes de emergencia que ya han perdido el sentido”.
El funcionario municipal recordó “que desde hace diez años –mediante leyes 8706/93, 8793/94, 8918/95, y 9076/97– la coparticipación de Ingresos Brutos está congelada en una suma fija para los municipios. Es decir que mientras la provincia recauda más, las municipalidades reciben lo mismo de siempre”.
“A título de ejemplo –y sólo contabilizando hasta el año 1999– las municipalidades de Entre Ríos dejaron en manos del Gobierno Provincial $ 160.000.000 o dólares, luego de la derogación de la ley 8492/91. Sólo Gualeguaychú, en ese lapso, resignó $ 10.000.000. Uno se pregunta: ¿cuánto más se podría haber hecho por nuestros pueblos con esos dineros?. Hoy, mensualmente, recibimos una cifra que oscila en los $ 105.000 cuando con la vieja ley deberíamos estar por encima de los $ 250.000”, expresó el secretario comunal de Gualeguaychú.
Asimismo, Delcanto reconoció que es muy difícil plantear el 30% que llegó a estipular la ley 8492 en masa a coparticipar a los municipios sobre los Ingresos Brutos “pero la recuperación del sistema de porcentajes debe partir de una buena base e ir incrementándose”.
Por último, el titular de gobierno indicó: “debemos decir que la forma en cómo se distribuyen los fondos no sólo significan una cuestión económica o financiera. Es, centralmente, una cuestión política. Aquí juega cómo se entiende la distribución de los ingresos (o la riqueza) y la democratización del poder. En definitiva, si realmente concebimos una tierra federal y no unitaria, y si aplicamos el concepto peronista de ofrecerle dignidad a los humildes, en este caso de la cadena institucional, es decir los pueblos expresados en sus municipios”.