Las declaraciones del legislador fueron realizadas en el medio de la disputa justicialista por el nombramiento de Eduardo Aispuru, flamante director en representación del Estado provincial nombrado por el gobernador.
“Nadie del gobierno, empezando por el Gobernador Jorge Busti y su Ministro Diego Valiero, ha dado una explicación satisfactoria respecto que a partir del nuevo contrato firmado el viernes último, la Provincia le pagará al Banco tres veces más de lo que viene abonando hasta este momento”, sostuvo el legislador.
Solari aseguró que “La vigencia del Convenio anterior y el no llamado a licitación, pueden ser discutidos como todas las cláusulas del nuevo contrato pero el gobierno no puede esconder detrás de estas posiciones opinables un punto crucial y poco claro, por lo tanto sospechoso, como es pagarle al nuevo grupo económico propietario del BERSA a partir de ahora $ 1.000.000 mensuales por ser agente financiero, cuando hasta hoy se le pagaban $ 360.000, exactamente por los mismos servicios, cuando el propietario del BERSA era el Banco Nación”.
Destacó asimismo que “el nuevo canon es un porcentual de los depósitos que por coparticipación federal e impuestos propios hace el Estado provincial en el Banco, por lo que, si estos aumentan, tal como está previsto, el pago al BERSA irá aumentando, lo que hará todavía más irritante la diferencia entre lo que se pagaba con el nuevo desembolso, de ahora en adelante”.
Dijo a su vez que “Espero que este negocio redondo para los actuales banqueros, propietarios de los Bancos de Santa Cruz, Santa Fé, San Juan y ahora Entre Ríos, no tenga relación con la pública amistad, evidenciada a través de los medios nacionales, de los nuevos dueños con el Presidente Néstor Kirchner”.
Haciendo comparaciones con hechos pasados el diputado radical manifestó que “Espero también, por el bien de la democracia y de los intereses entrerrianos, que no ocurra dentro de unos años, como ahora respecto a negocios de los años ’90, que salen a la luz malos y espurios convenios entre Estado y privados que no se hicieron precisamente para mejorar servicios ni la calidad de vida de la población”.
