Las declaraciones del señor Gobernador diciendo: “Yo tenía la Constitución, las leyes, la Justicia lista para ocupar su rol, pero sentí que no me servían” constituyen, en nuestra opinión, un inadmisible reconocimiento de la forma en que se subordina la aplicación de la ley a los intereses coyunturales de quienes presiden uno de los poderes del Estado.
A cinco años de la Jura de la Constitución reformada, sería extenuante revisar cada uno de los preceptos incorporados en el texto provincial que continúan incumplidos, convertidos en letra muerta por los mismos dirigentes que agotaron elogios en sus discursos previos y posteriores a aquella ceremonia. Pero en particular, que un mandatario se jacte de que la Constitución «no le sirve», resulta injustificable. El ciudadano que hoy funge como Gobernador, debe saber que la Constitución es el acuerdo de convivencia social que legitima su propio mandato, y no a la inversa. Como tal, lo que le sirve al pueblo, es el cumplimiento de su norma, no la violación constante o su aplicación solo cuando resulta conveniente o favorable.
Por otro lado, el anuncio del ministro de Cultura y Comunicación de la provincia –quien es además, responsable en la provincia del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual– de promover la restricción de las redes sociales con el pretexto de que pueden ser utilizadas para promover la comisión de delitos, es igualmente inusitada, claramente anticonstitucional, violatoria de pactos internacionales de los que la Argentina es firmante, y, finalmente, revela una concepción ajena a los rudimentos básicos de la convivencia democrática. En términos lógicos es además, absurda (dado que ese argumento podría enarbolarse para impugnar cualquier herramienta creada por el ser humano) y de clara matriz fascista, solamente concebible en países en los que no rige el sistema democrático y que, por ende, no adhieren a los pactos y convenciones internacionales que entienden a la libertad de expresión como constitutiva de la democracia, tal el caso de la Argentina.
En momentos como éste es cuando las conciencias comprometidas deben expresarse. La vigencia irrestricta de la Constitución y el respeto a los derechos humanos no pueden ser objeto de las veleidades subalternas de funcionarios electos o no. Resulta penoso tener que advertírselo a quienes deberían ser los garantes de su cumplimiento. Pero imprescindible ante situaciones como ésta.
Entre Ríos, 20 de diciembre de 2013.
Firman:
Américo Schvartzman, Adriana de la Cruz, Martín Acevedo Miño, Dario Gianfelici, Griselda de Paoli, Juan Carlos Arralde Y Daniel Zabala.
