Tendrá por misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, colectivos difusos y demás derechos y garantías e intereses tutelados en el ordenamiento jurídico frente a hechos, actos u omisiones de la Administración Pública o de prestadores de servicios públicos o privados contratados por el Estado.
La Defensoría del Pueblo tendrá legitimación procesal activa y prelación en sus presentaciones pudiendo solicitar informes y formular requerimientos a las autoridades públicas y de los prestadores de servicios para el mejor ejercicio de sus funciones. Sus actuaciones serán gratuitas para el ciudadano que las requiera.
El Defensor del Pueblo será designado por la Asamblea Legislativa con el voto de la mayoría absoluta de los miembros en sesión especial convocada a tal efecto. Deberá tener como mínimo 30 años de edad y las demás condiciones para ser diputado provincial. Gozará de iguales inmunidades, remuneración y prerrogativas que los diputados y le alcanzarán las inhabilidades e incompatibilidades y causales de remoción establecidas para los jueces
Su mandato será de cinco años, pudiendo ser reelecto y sólo será removido por juicio político. Será asistido por defensores adjuntos cuyo número, área de actuación y funciones específicas, establecerá una ley especial.
Trabajaron esta tarde en la comisión Julio Federik, Nelio Calza, Guillermo Martínez, Raúl Barrandeguy, Rosario Romero, José Ángel Allende, Manuela Chiesa, Fernando Baez, Luis Márquez, Marciano Martínez, Hermo Pesuto, Martin Acevedo Miño, Jorge Monge, Marcela Haiek, Emiliano Acharta, Juan Carlos Arralde, y aunque no la integra participó esta tarde la convencional Rosario Romero.
