El texto del Colegio señala que “dichas declaraciones agravian al conjunto de la abogacía y, en lo concerniente a nuestro Instituto, al colectivo de los abogados laboralistas defensores de trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional.”
El documento emitido desde la colegiatura también indica que “la actividad que agrupa a los autoconvocados es una de las que mayor tasa de informalidad registra en materia de contratación laboral (situación reconocida en medios de comunicación por las propias autoridades de las asociaciones que los representan), y lo que tanto o más grave, mayor tasa de siniestralidad laboral, por lo que resultan inaceptables el despliegue de métodos infaustos que sólo tienen por finalidad ocultar esta informalidad que campea en su sector”.
En el mismo se señala que lo expuesto en cuánto al nivel de informalidad resulta de las estadísticas oficiales, al punto que, “de existir una inspección del trabajo como aconteció hasta el año 2015, se podría advertir fácilmente los niveles de marginalidad, informalidad y siniestralidad en el sector”.
También recuerdan que el ataque a los abogados laboralistas no es nuevo, “por el contrario, siempre fue intentado por todos los sectores del poder empresario como una forma de recortar Derechos Humanos Fundamentales”. Y agrega: “Cada vez que se pretenden recortar derechos a los trabajadores, se recurre como forma indirecta al ataque a los abogados laboralistas, o a los jueces y la justicia del trabajo, como ha ocurrido en el pasado reciente”.
El comunicado del Instituto del Derecho de Trabajo del CAER indica que, “en caso de verificarse fraudes en los reclamos efectuados, se deben realizar las denuncias respectivas ante las autoridades respectivas, y evitar el escarnio público y la exposición mediática que lejos de contribuir a afianzar la paz social, inflama los ánimos de la sociedad que habitamos”.
También pone de manifiesto que una vez más “asistimos absortos a un nuevo ataque a nuestra profesión que reedita embates anteriores efectuados por sectores políticos y/o actores de la producción e industria que imputan a los abogados el crecimiento de los juicios laborales, sin reparar que el aumento de la litigiosidad obedece a diversos factores que responden, entre otras cuestiones, al fraude a la ley laboral, la falta de políticas de prevención en materia de salud y seguridad y el incumplimiento de las obligaciones los deberes del empleador.”
Por lo que señalan con énfasis que “no existe industria del juicio, existe industria del incumplimiento de las obligaciones por parte de los empresarios que es la única causa de la denominada litigiosidad.
Por último, el comunicado del Instituto de Derecho del Trabajo expresa “el apoyo a los colegas injustamente agraviados por el abogado Labriola de la ciudad de Chajarí, quien ha vertido en medios de comunicación expresiones inaceptables por injuriosas a los mismos, al paso que insta al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos que se arbitren los resortes institucionales para investigar y sancionar en forma condigna la conducta del colega ante probable violaciones a la Resolución CDCAER 1277/76 que rige la actividad profesional”.
