Durante el encuentro, los funcionarios intercambiaron impresiones sobre políticas de seguridad y coincidieron en señalar la inconstitucionalidad de la Ley 3.815 de Contravenciones, la cual dispone que tanto el procedimiento como la imposición de la pena –que puede ser de hasta de 30 días de arresto- queda en manos de la fuerza policial, y sólo cuando existe una eventual apelación interviene la autoridad jurisdiccional.
Luego de la reunión, Virué se mostró conforme “por el compromiso de todas las partes en garantizar el respeto irrestricto a las garantías constitucionales”.
“Es destacable el compromiso que han mostrado los distintos funcionarios y miembros del Poder Judicial para consolidar un sistema de seguridad democrático, respetuoso de los derechos humanos”, agregó por su parte Froidevaux.
Cabe destacar que actualmente desde la Secretaría de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos se está trabajando sobre un proyecto para modificar la Ley de Contravenciones, adecuando la normativa a un paradigma de seguridad democrática, al plexo normativo nacional e internacional y fortaleciendo las competencias institucionales de cada parte.
Froidevaux indicó que desde su área hay una constante preocupación para que desde la Policía se respeten íntegramente los derechos y garantías de las personas, como también de los sospechosos que son trasladados a dependencias de la fuerza.
“La Corte Suprema de Justicia falló en el caso Bulascio, que las legislaciones que contengan la normativa de contravenciones, son inconstitucionales, no solo por ser antiguas, sino porque le dejan zonas grises a la policía para que realice situaciones anormales en las detenciones”, resaltó a diario Uno.
A muestra de ejemplo, contó que en Paraná hay un grupo de personas que son humildes que asisten a un cenador nocturno en el centro y que de modo regular deben sufrir identificación de personas o traslados por situaciones que no son informadas a las autoridades judiciales.
