El texto tratado por ambas Cámaras definía como contrataciones de alta significación económica, en todas aquellas licitaciones públicas comprendidas en el Régimen de Contrataciones del Estado Provincial, llevadas a cabo a través del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos y empresas del Estado, cuyo presupuesto oficial supere tres veces el monto tope ministerial establecido para efectuar las licitaciones públicas comprendidas en el Régimen de contrataciones del Estado; y de diez o veinte veces según se trate de obras públicas de arquitectura o de ingeniería.
El senador por el oficialismo Angel Giano defendió el veto agregando los alcances de las facultades constitucionales que avalan el accionar del Ejecutivo: “Nuestro bloque acompaña y considera oportuna el veto del gobernador de la provincial al proyecto de ley”,
“Se trata de un principio básico republicado. Se promulgan leyes y también se vetan”, explicó y destacó el accionar del gobernador en cuanto a la transparencia que guían sus actos administrativos. Recordó el derrotero del proyecto de ley que se refiere a una manda constitucional, como es las contrataciones de alta significación económica.
Reconoció que, más allá del esfuerzo de las Cámaras, se omitió parte de lo establecido en la carta magna, cuando dispone el marco para la ley. Luego presentó aspectos técnicos sobre el funcionamiento de la Contaduría General y del Tribunal de Cuentas.
Otra omisión fue no hacer referencia expresa, al momento de definir grandes contrataciones, a las regidas por la ley de obras públicas, y solo se hizo referencia a las reguladas por la ley de administración financiera. “Es una omisión que dejaría fuera de los alcances del control a muchas contrataciones”, puntualizó.
Adelantó que se está trabajando en un nuevo proyecto de ley sobre el tema, donde quedará claro el tema de los plazos, por la necesidad de la celeridad de algunos actos en la administración pública. “No poner plazos puede llevar a detener la marcha de temas importantes”, explicó, reiterando que el “veto es oportuno, y nuestro bloque va a mantener lo dispuesto por el gobernador, porque las omisiones implican que este proyecto puede verse afectado en su aplicación”.
Resaltó otra vez que la de Entre Ríos es una de las administraciones que mejores índices de transparencia tiene a nivel país.
Postura de la oposición:
“No salimos del asombro”, sostuvo el Senador del departamento Paraná, Raymundo Kisser, al explicar el motivo de esta Asamblea Legislativa. Consideró que el veto “intenta desconocer un proyecto de ley sancionado por unanimidad en ambas Cámaras”.
Sostuvo que “los legisladores no nos equivocamos cuando sancionamos esta ley” y destacó que el proyecto tiene origen en un decreto que desconoció una acordada del Tribunal de Cuentas referida al artículo 213 de la Constitución Provincial.
“No quieren que se lo controlen”, resaltó y recordó los dichos del gobernador ante la legislatura sobre qué actitud iba a tener en relación a los actos transparentes de sus funcionarios y fustigó que haya hoy día funcionarios procesados.
Kisser dijo además que la postura del bloque es rechazar el veto y lamentó que no se avance en la designación de un Defensor del Pueblo y a la falta de designación de la Cámara de Diputados de dos miembros que deben ser parte del Tribunal de Cuentas. “Vamos a luchar para que al gobierno se lo controle”, afirmó.
En el decreto 820 de 2017 donde desconoció lo dictado por el Tribunal de Cuentas, se comprometió a mandar un proyecto, que fue la base de lo tratado por la Legislatura. Destacó la postura del Constitucionalista del 2008 que amplió el margen de control e intervención del Tribunal de Cuentas.
Recordó que el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, recibió media sanción, al Senado, pero en esa situación aparece uno nuevo, que recibió media sanción y finalmente diputados le hizo modificaciones que fueron aceptadas en una nueva revisión y finalmente resultó aprobado.
Mencionó que se podría hablar –criticando al Ejecutivo- la “violación de los actos propios”, recordando el origen del proyecto y explicó la sorpresa ante el veto. “Nada de lo que dice en el decreto se dijo al momento en que se enviaron los proyectos a la legislatura”, observó y lanzó que “hay algo que nos llama a sospecha, nos llama la atención de la razón del veto del proyecto”.
Mientras que fue el diputado Esteban Vitor quien fijó postura de su bloque. Calificó al proyecto de “autoveto”, porque no tuvo muchas modificaciones el proyecto contenido en el expediente que tanto circuló entre las Cámaras.
“El proyecto es un buen proyecto”, defendió, “y si hay algo que no estaba contenido, estaba la posibilidad del veto parcial”, explicó.
Agregó que “el veto es una excusa para evitar el control en las adjudicaciones”. No coincidió que hubiera superposición de funciones en organismos de control constitucional, sino que se trata de controles con distintas miradas.
Después repasó los considerandos del decreto 2318, manifestando que se hay errores conceptuales, basando su argumentación en los dichos del Constituyente en el 2008, que apuntó a mejorar los controles de los actos del Estado mediante un sistema de “control concomitante”. Lo hizo leyendo dichos del doctor Julio Federik en aquél entonces.
“Es claro que los legisladores apuntaron al principio de coordinación y responsabilidad entre los organismos de control”, sostuvo Vitor.
Después se refirió a un documento de la Contaduría General donde fijó su ámbito y límites de actuación. La leyó en parte y con ello volvió a rechazar los alcances del veto. El legislador superó los diez minutos establecidos en Labor Parlamentaria y fue solicitado el cierre desde la presidencia.
“El veto es un atropello a los entrerrianos, porque nos merecemos un control más estricto de los actos del Estado”, reflexionó e hizo mención a la situación de un grupo de viviendas construidas en el departamento Paraná.
Por otro lado, el diputado por el oficialismo Diego Lara saludó con agrado la reunión de la Asamblea y adelantó su adhesión a los argumentos del Senador Giano. Se ocupó de fundar la razón del respaldo a la postura del Poder Ejecutivo con elementos técnicos y políticos.
Ensalzó el sistema que rige en la provincia de Entre Ríos en cuanto al diseño de los controles sobre el Estado Provincial, con seguimiento interno y externo en relación a los gastos, a lo que se suma la Fiscalía de Estado, que se ocupa el control de legalidad.
Mencionó que el Constituyente, en 2008, al referirse a las contrataciones de Alta Significación, quedó claro que tiene que existir una ley para darle una intervención al Tribunal, no de control, sino que se trata de lograr que tome conocimiento y eventualmente formule observaciones, “pero para nada puede ejercer control de legalidad, lo tiene que controlar al gasto en forma posterior”.
“No está mal reconocer que nos hayamos equivocado en algunas cosas”, afirmó el diputado, refiriéndose a un tiempo de reflexión que permite la aparición del veto.
Arriesgó que “tal vez faltó consultar a la Contaduría General de la provincia, para que juntes elaboremos la mejor ley, y el decreto nos abre el camino para trabajar en una ley integral del Tribunal de Cuentas, con una nueva integración del organismo”, citó a modo de ejemplo de los pasos a seguir.
Por último, Lara afirmó que “el sistema está funcionando y Kisser no tiene autoridad ni política ni moral, sin tener una medida integral en esta Argentina que se está derrumbando. Les digo a los legisladores de Cambiemos que es fácil ser bueno, pero es mejor ser justo”, y concluyó.
La votación
Se hizo votación nominal y dejó en claro el presidente de la Asamblea que el voto por la negativa es aceptación del veto del Poder Ejecutivo. En este sentido hubo 28 votos en este sentido. 17 Legisladores votaron pos sostener el proyecto.
A las 17,07 termino la sesión.
