Esta es la primera etapa del juicio, donde se investiga la supuesta comisión de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad y aplicación torturas contra 18 personas en Concepción del Uruguay. Cuarenta testigos comparecerán hasta el 10 de mayo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango, Noemí Berros y Mateo Busaniche (sustituto).
Ocho represores están sentados en el banquillo de los acusados, pero solo cuatro de ellos concurren a las audiencias en esta instancia del debate: el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy; el ex jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino; y los agentes de la Policía Federal Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez.
El resto de los imputados fueron relevados de participar hasta que comiencen a juzgarse los hechos cometidos en Concordia y Gualeguaychú. Sin embargo, los cuatro estarán representados por sus abogados, ya que el Código Procesal Penal de la Nación establece que en su caso la asistencia a la audiencia es obligatoria.
Los represores están acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes. Se les imputan los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas contra 31 víctimas, y cuatro desapariciones forzadas de personas, en perjuicio de Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga, Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi, secuestrados entre mayo y noviembre de 1976.
