El Consejo de Ciencias Económicas también advirtió, por un lado, “que tal pretensión fiscal sin dudas acarreará numerosos litigios para el Estado provincial con los consecuentes costos a su cargo”, y por otro lado, que tal postura “contraría la teoría de los actos propios toda vez que éste en su carácter de empleador, abona en forma permanente asignaciones de carácter no remunerativo no efectuando los aportes a la referida Ley, cuando menos”.
Por esa situación el cuerpo lamentó que “haciendo caso omiso a la verdadera intención del legislador al introducir las modificaciones al tributo en cuestión por Ley Nº 9.621, en la que éste ha dejado sentado con toda claridad cuál es la base de tributación de este impuesto al trabajo, afrontamos la reanudación de las fiscalizaciones ahora sostenidas en una norma interpretativa –la Resolución Nº 404/05 DGR– en la cual el organismo recaudador no sólo persiste en no reconocer su error, sino que legisla por encima de la Ley”, sin reconocer el consejo brindado por los contadores al respecto.
Finalmente el cuerpo llamó a la reflexión a las autoridades de la DGR, sugiriéndoles apego “a la legalidad a la hora de aplicar tributos”.
