El texto presentado ofrece detalles de cómo sería el acto eleccionario. Habría urnas, boletas, sobres y actas diferenciadas. En cambio, se compartirían las autoridades del escrutinio, seguridad, traslado de urnas y demás elementos.
La actuación del juez electoral, Aníbal Ríos, se circunscribirá a pasar el expediente a la Cámara Federal Electoral. Allí se terminará resolviendo si el comicio conjunto es posible.
El oficialismo sabe que existe un fallo en contra que pesa sobre una intención similar. En aquel momento, la Justicia entendió que no se habían cumplido requisitos básicos que impidieran la confusión del electorado.
Una Acordada de la Cámara Nacional Electoral también plantea un obstáculo extra. En diciembre de 2004, dispuso que todo pedido de colaboración ante el Juzgado Federal para realizar comicios conjuntos debe ser autorizada por la Cámara. La disposición rige para toda ocasión, no sólo para el caso específico de una Consulta Popular. Hasta ese momento, con el aval del Juzgado Federal ya era suficiente.
Además, el Gobierno se compromete a realizar una campaña de difusión pública, con un doble objetivo: explicar el procedimiento de la consulta y hacer conocer el proyecto de reforma, es decir, cómo y qué se va a votar. Y, paralelamente, ofrece colaboración para organizar la logística en el caso de que fuera necesario.
Mientras tanto, el comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) ratificó ayer la decisión de ir a la Justicia Electoral contra la consulta popular por la reforma de la Constitución. El congreso del partido centenario, que sesionó el domingo pasado, instó a las autoridades a formalizar la presentación en la Justicia Federal con competencial electoral. Se cuestionará, básicamente, la simultaneidad de un comicio obligatorio con una consulta voluntaria.
