El uruguayense manifestó su satisfacción porque el artículo que consagra la “renta básica ciudadana”, fue concebida como “un derecho inherente a la condición de ciudadano, y no como una mera reforma, por profunda que sea, de las políticas sociales, dirigida a luchar contra la pobreza”.
El dirigente socialista, quien tuvo el rol de miembro informante en el debate del despacho que fue consensuado antes en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías a partir de cinco proyectos presentados, resaltó: “tenemos plena conciencia de que la presente iniciativa implica una profunda transformación de los presupuestos políticos”.
Asimismo, citando a Alejo Peyret, llamó a sus pares a hacer posible que Entre Ríos sea “la mansión dichosa para millones de seres humanos, todos libres, todos iguales”.
El texto de la nueva garantía dice en su primer párrafo que el Estado provincial asegurará “a todos los habitantes el derecho a la alimentación, parte esencial del derecho a la vida digna, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes producidas por fenómenos naturales que coloquen al afectado en desamparo personal y familiar”.
También expresa que un ente público, con participación ciudadana integrado por profesionales de carrera del Estado y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que mantengan una relación con la materia, tendrá a su cargo la efectivización de este derecho.
El convencional del PS-CC realzó a su vez la inclusión de los ciudadanos en la administración del ente a crearse, ya que “las características universalistas de esta propuesta exigen fuertes mecanismos de control social de la gestión, a fin de reasegurar su eficacia y transparencia”.
En el dictamen aprobado se agregó un artículo más, que encabezará o cerrará el capítulo de todos los nuevos derechos, y que establece la “operatividad progresiva” de todos ellos, con un criterio de razonabilidad presupuestaria que posibilite la efectivización gradual de las garantías constitucional.
Sobre el tema quedó un texto remanente, que indica que “todo niño que habite en la provincia tiene derecho a un ingreso que asegure su alimentación, salud y educación, el cual será percibido por quien resulte titular de la patria potestad, guardia o custodia del mismo, quien será responsable del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, como de las contraprestaciones que establezca la ley”, que tuvo opinión favorable, pero que será incorporado en el despacho de “niñez y adolescencia”.
