En efecto, ambas proyectos ya fueron presentados en la comisión respectiva de la Asamblea Reformadora. La figura de la Licencia Social se ha escuchado varias veces en los últimos tiempos, como en el marco del conflicto por las plantas de pasta de celulosa de Fray Bentos con la República Oriental del Uruguay, por lo que, para Schvartzman, se hace necesario regular la nueva norma para la Constitución reformada. Por otro lado, también urge la necesidad de una Renta Básica que le permita cubrir sus necesidades básicas a cualquier entrerriano, “con el solo hecho de acreditar residencia en el territorio de la provincia”.
LICENCIA SOCIAL
Schvartzman, en el articulado del proyecto sobre la Licencia Social, establece que el Estado debe reconocer el derecho de los habitantes de toda ciudad o departamento de la provincia “a emitir su opinión acerca de la conveniencia de la realización de una determinada obra pública o privada que pueda tener impacto en el medio ambiente; en la calidad de vida de los ciudadanos; en la infraestructura de la ciudad o departamento o en el modelo de desarrollo de la ciudad o departamento”. Además, busca instaurar que la opinión de esos ciudadanos sea vinculante para el Estado, y que “cualquier ciudadano podrá solicitar la efectivización de este derecho con el aval del tres por mil (3 ‰) de los habitantes mayores de 16 años”, sin que se pueda exigir otro requisito para ponerlo en práctica.
En los fundamentos, el dirigente socialista explica que “la llamada ‘licencia social’ o ‘aval de la ciudadanía’ es un mecanismo incorporado en los más recientes tratados internacionales relacionados con cuidado del medio ambiente, cuyo fin es que la ciudadanía de una ciudad o región opine sobre la conveniencia de realizar una obra pública o privada de impacto en el medio ambiente”.
El convencional agrega que el aval ciudadano “es un requisito para el otorgamiento de créditos del Estado y de organismos internacionales de crédito a proyectos de inversión” y que “se trata de una profunda concepción democrática, de la misma raíz que otros mecanismos tales como el presupuesto participativo: la idea subyacente es que si algo nos puede llegar a afectar a todos debemos resolverlo entre todos”.
“Son numerosas las iniciativas que en el marco de la presente Convención Reformadora entrerriana, vienen a sostener y promover que el Estado provincial propenda ‘a una sociedad pluralista y participativa y promueve las condiciones para hacer real la plena participación política (…) a través de los mecanismos de democracia participativa que esta Constitución prevé’; o bien que propugnan que ese mismo estado provincial reconozca y garantice ‘la democracia participativa en lo político, económico, social y cultural'”, expresa el periodista uruguayense.
Tras “la movilización de ciudadanos de Gualeguaychú en contra de la construcción y funcionamiento de fábricas de pasta de celulosa en la ribera del río Uruguay, la falta de marco institucional creó un conflicto de solución aún lejana, y de consecuencias todavía incalculables”, argumenta Schvartzman, y acota que “debe considerarse que el derecho tiene como función dar seguridad a la convivencia, crear vías para que los conflictos intersubjetivos se resuelvan sin recurrir a la violencia” y que “la Constitución debe avanzar en un marco normativo moderno que utilice todas las posibilidades de técnicas de comunicación y participación ciudadana. En ellas se inscribe esta noción, profundamente democrática, de Licencia Social”.
RENTA BÁSICA
En el texto que articula la iniciativa de la Renta Básica para todo entrerriano, el vicepresidente del bloque del PS-CC manifiesta que el Estado garantizará “a cada entrerriano y entrerriana una renta básica ciudadana, desde su nacimiento y de carácter vitalicia, que será efectiva con el solo hecho de acreditar residencia en el territorio de la provincia”, que “no podrá ser inferior a los ingresos requeridos para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de cada individuo” y que su funcionamiento “estará sujeto a normativas que garanticen la transparencia y eficacia”.
El convencional de Concepción del Uruguay fundamenta que la nueva Constitución debe garantizar “el derecho a una Renta Básica Ciudadana, concebida como un derecho inherente a la condición de ciudadano, y no como una mera reforma –por profunda que sea– de las políticas sociales, dirigida a luchar contra la pobreza”.
Por otro lado, plantea que “las desigualdades se vinculan con una democracia insuficiente, que se reduce casi exclusivamente a los aspectos procedimentales”.
“Quien no tiene garantizado como un derecho la mínima posibilidad material de una vida digna no es libre, no puede elegir en condiciones de igualdad frente a otros, y por lo tanto no es un ciudadano en plenitud”, argumenta Schvartzman, y cree, por esta razón, “la conveniencia de proponer su incorporación como un nuevo derecho ’emergente’, con rango constitucional”.
“Estaremos de este modo dando un salto cualitativo hacia el progreso social, incorporando derechos con espíritu de avanzada, marcando rumbos en el constitucionalismo del siglo XXI, convirtiendo a Entre Ríos en una referencia de avanzada en su normativa constitucional, en la mejor tradición de los constituyentes de 1933”, indica el socialista.
Por último, Schvartzman sostiene: “Debemos garantizar entonces los derechos ciudadanos sobre la base del avance de la igualdad, garantizando así iguales posibilidades de acceso a las oportunidades de superación y desarrollo”.
