El inicio lo marcaron los convencionales Augusto Alasino y Marciano Martínez quienes solicitaron al pleno que el despacho sobre Juicio Político retorne a la Comisión correspondiente a lo que se opusieron sus pares Américo Schwartzman, Emiliano Acharta, Rosario Romero, Julio Federik y Augusto Carlín, quienes fundamentaron la negativa. Tras lo cual, la moción fue retirada por el convencional de Viva Entre Ríos y de esa forma quedó sancionado y fue enviado a la Comisión de Redacción.
Julio Federik, al argumentar la negativa que el despacho retornara a la Comisión señaló “Hay dos situaciones totalmente distintas. La Comisión ha presentado un despacho. Es el que estamos votando y propiciamos que se apruebe. Para el juicio político no se admite la recusación y está muy bien que se elimine la posibilidad de la recusación, porque no está permitida”, al tiempo que aseguró que no se debe admitir la judicialización del juicio político. Es político”, subrayó.
Por su parte el convencional Miguel Augusto Carlín, expresó que “todas las resoluciones que se adoptan en el seno de la Comisión, son permanente búsqueda de los consensos para evitar que se interpretara que una circunstancial mayoría impone una decisión y por amplia mayoría resolvimos que era un tema no habilitado”.
Deber de vindicarse
El dictamen referido al artículo 17, sobre el deber del funcionario a vindicarse, expresa: «El funcionario o empleado público a quien se le impute formalmente delito cometido durante el desempeño de sus funciones deberá querellar para vindicarse. La acción deberá ejercerla dentro del término de 45 días desde la toma de conocimiento de la imputación bajo pena de constituir incumplimiento grave que habilite su remoción a tenor de los procedimientos previstos para su cese como funcionario o empleado público. a los fines del ejercicio de la acción gozarán del beneficio del proceso gratuito que comprenderá los gastos que demande su defensa. El funcionario o empleado público sobre quien recayera condena penal firme por delito cometido contra la administración será apartado del cargo en forma inmediata».
Al hacer uso de la palabra, en referencia al proyecto de vindicación, el convencional del Frente Justicialista para la Victoria, Jorge Busti, expresó su “acuerdo” con el despacho de comisión; pero aclaró que “este artículo 17 no se debe interpretar como coartar la libertad de prensa” y en ese momento recordó la eliminación por parte de la Convención del artículo 11 en la nueva Constitución entrerriana”.
Busti trajo a colación que su crianza se enmarcó en “un barrio donde me enseñaron que para obtener algo hay que pelear y luchar con ideas y confrontaciones. Por eso si alguien me dice algo que no me corresponde, busco los medios para contestarle, a través del mismo medio o de otro” y agregó: “A la libertad de prensa, mayor libertad de prensa”.
“En nuestra provincia existe una amplia libertad de prensa, cualquiera puede decir cualquier cosa y está bien que así sea”, dijo Busti antes de asegurar ser “un ferviente defensor de la libertad de prensa y que aquel que está en la lucha de la buena fe, no debe permitir que se le diga cualquier cosa”.
Ahora bien, en lo que refiere al artículo 17, de la imputación formal de un delito y para que éste “no sea letra muerta, se debería poner un plazo”, dijo el ex gobernador para luego subrayar que “45 días es un plazo suficiente para armar una querella”.
Y reiteró que “no se coarta de ninguna manera la libertad de prensa, ni a ningún manifestante porque siempre hemos cultivado que todas las manifestaciones que se han querido expresar frente a la Casa de Gobierno, así lo han hecho porque es el ruido de la democracia que no hay que tenerle miedo. Lo que sí hay que tener es valentía para poner la cara frente a los problemas, con firmeza en las convicciones y defenderse de los ataques en el marco de la democracia”, aseveró.
Finalmente, Busti sostuvo que “si al que se lo ataca es un funcionario, por la defensa de la calidad institucional, tiene el deber de vindicarse”, concluyó.
En tanto, el convencional Raúl Barrandeguy, del Frente Justicialista para la Victoria, manifestó que “aquí no se trata de ningún modo de favorecer a un gobernante intolerante ante una crítica irrespetuosa en el contexto de una protesta pública; no se trata de obligar al gobernador de practicar ante cada manifestación insensata una querella, porque coincidimos que la consagración de la intolerancia debía quedar fuera”.
Por su parte, el convencional radical, Fabián Rigel dijo: «Vamos a sacudir este artículo para ponerlo en práctica» y se ocupó de definir las cuatro modificaciones centrales de este artículo que le permitirán una vigencia clara una vez aprobada la Constitución.
Hermo Pesutto de Viva Entre Ríos, destacó el trabajo de la comisión, y dijo que a su entender estuvo bien «quitarle la dureza anacrónica» al texto del 33 pero insistió en que es necesario dejar claro el procedimiento y la razón por las que el Estado se hará cargo del patrocinio del funcionario acusado.
Américo Schwartzman, de la Coalición Cívica aseguró que «no establecimos en nuestro proyecto la necesidad de un cambio, pero lo advertimos cuando lo discutimos en comisión» y se refirió a la discusión que también se dio en la comisión acerca de las imputaciones. Cómo se procederá cuando se utilizan voceros o medios por parte de la dirigencia, aunque consideró que la redacción final logra detallar con claridad el debate, asegurando que lo que “interesa proteger no es sólo el buen nombre del funcionario sino la calidad de la administración pública”.
Cantidad de ministros del Poder Ejecutivo
El dictamen del artículo 127, sobre la cantidad de ministros del Poder Ejecutivo fue aprobado de la siguiente manera para su pasa a la Comisión de Redacción y Revisión: «El despacho de los asuntos administrativos de la Provincia estará a cargo de ministros secretarios. Una ley especial, cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo, fijará el número de ellos y deslindará las ramas, competencias y las funciones adscriptas a cada uno de los ministros”.
La convencional Rosario Romero, del Frente Justicialista para la Victoria, defendió este dictamen que elimina el tope de tres ministerios en la provincia y que deja en manos del Poder Ejecutivo la iniciativa parlamentaria.
«Debe ser el Poder Ejecutivo el que tenga la iniciativa parlamentaria para conformar su equipo de trabajo y las competencias administrativas», argumentó la abogada quien añadió que esas secretarías «son una herramienta propia de su funcionamiento» y en cuanto a la discusión si es o no una ley especial, Romero se remitió al derecho comparado y dijo que fue una preferencia de los convencionales que «nuestra Constitución se sume a aquellas que le dan la iniciativa parlamentaria al Ejecutivo».
Y concluyó: «La Constitución no tiene que ofrecer hacia el futuro la dificultad que hoy tenemos. Es un corsé administrativo. Entendemos que sería un error establecer un número».
Por la minoría, la convencional Flavia Pascualini (Viva Entre Ríos) coincidió con la mayoría en que tres ministerios no se corresponden con la realidad pero dijo que “un tope evitaría la posibilidad de que proliferen ministerios ilimitadamente y se creen funciones excesivas» y además marcó diferencias en cuanto a darle también a la Legislatura la posibilidad de impulsar una ley en ese sentido.
Por su parte, el convencional Acevedo Miño, de Recrear, también difirió del proyecto de la mayoría en cuanto a dejar liberado el número de ministerios, pero sí coincidió con su segunda parte, para que sea el Poder Ejecutivo el que proponga la iniciativa legislativa.
Finalmente, Santiago Reggiardo, adelantó el acompañamiento del bloque de la Coalición Cívica al dictamen de la mayoría.
El proyecto quedó aprobado por cuarenta votos contra cinco que corresponden a Augusto Alasino; Martín Acevedo Miño, Marciano Martínez, Flavia Pascualini y Hermo Pesutto.
Requisitos para ser ministro
Para ocupar una secretaría, la Constitución fijará como mínimo la edad de 25 años, aunque en este punto, la palabra del convencional Marciano Martínez generó sonrisas y risas en el pleno, ya que advirtió que el texto dice debe tener 25 años «por lo que el que tenga 26, ya no podrá ser ministro» apuntó y quedó aprobado el dictamen que cerró la sesión, luego de las palabras de la convencional Flavia Pascualini (Viva Entre Ríos) quien, en nombre del pleno, felicitó a los trabajadores al celebrarse mañana su día.
La prórroga
Fue el presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, Miguel Carlín, quien fundó la necesidad de ampliar los plazos y para ello dijo que «en los cálculos más optimistas no se pensó que se iban a presentar tantos proyectos» y destacó el intenso trabajo que llevan adelante los convencionales, las comisiones y el pleno.
«Lo hacemos teniendo en cuenta que no se está modificando una ley común sino la ley madre entrerriana» dijo a sus interlocutores tras lo cual aseguró que la prórroga «no implica un cálculo suplementario de las erogaciones» y que el trabajo de la Convención «no ha modificado, bajo ningún concepto el funcionamiento regular de los restantes poderes del Estado, especialmente la Legislatura, cuya labor ha sido trabajosa durante todo el tiempo, y simultánea con el funcionamiento de la Convención».
Tras estas razones, Flavia Pascualini (de Viva Entre Ríos) destacó que “más del 20 por ciento de los proyectos son aportes que ha volcado el pueblo entrerriano» y no descartó que a los 500 proyectos existentes se sumen otros varios más hasta el plazo que cierra este viernes 6 de mayo, por lo que propuso revisar si los días corridos deben plantearse hasta el 18 o en su defecto hasta el 21 de Julio.
