Sobre nueve proyectos, entre ellos el de la agrupación La Solapa, de presos políticos, se logró el despacho «que quiere defender el sistema que nos cobija» dijo Celeste Pérez (PJ) al fundamentarlo en el recinto. Ese dictamen establece, entre otras definiciones, que los que se hayan desempeñado en gobiernos de facto no podrán ocupar cargos públicos en ningún estamento estatal provincial o municipal en perpetuidad como aquellos que hayan participado en delitos de lesa humanidad. Para defender este texto, también hablaron Fabián Rogel (UCR) y Américo Schvartzman (PS) quien deseó no tener que usar jamás esta defensa y recordó a las víctimas de la dictadura.
A su turno, Marciano Martínez (VER) reavivó su pasado como ministro de Educación de un gobierno de facto y también, luego de esa función, los que ocupó en la democracia. «No podemos hablar de Estado de derecho si creamos normas retroactivas», advirtió, y dijo que con el dictamen él podría ser candidato «a presidente de la Nación, pero no a una concejalía». También aclaró que no lo perjudica en lo personal por su edad y porque no milita en un partido político. Sin embargo, dijo que no se puede inhabilitar a una persona sino tiene condena penal.
Nelio Calza (FJpV) opinó que con esta sanción se logra estar en consonancia con la Constitución Nacional y que Entre Ríos «estará a la vanguardia de lo que muchos pueblos exigen». En el mismo sentido se pronunció Martín Acevedo Miño de Recrear.
En tanto, Luis Brasesco (UCR) escogió el recuerdo del padre Luis Mujica, su amigo personal, quien exigía «conductas en vez de declaraciones». Luego de repasar episodios de su vida y pintadas ofensivas en su domicilio, invitó: «tenemos que profundizar el proceso democrático. La derecha infernal nunca va a cesar de estar mirando cuándo puede largar su zarpazo, los que queremos la democracia vivimos peleándonos, nos queremos pocos, tenemos que empezar, para querernos más a aprender a escuchar y comprendernos» y su cierre fue acompañado por espontáneos aplausos del pleno.
Antes de votarlo, los convencionales rechazaron la moción de Martínez que pretendía poner en tiempo presente el despacho, y se aprobó por unanimidad.
Jurado de Enjuiciamiento
También quedaron sancionados los textos por los que se modifica la integración del Jurado de Enjuiciamiento, fundamentado por Miguel Carmín. Se aumentará la cantidad de miembros con dos abogados escogidos por las organizaciones no gubernamentales que tengan una labor destacada en la defensa de los derechos humanos. El Jurado está compuesto además por tres miembros del STJ y dos legisladores, uno por cada Cámara. Flavia Pasqualini advirtió que la unanimidad se logró porque Augusto Alasino, el presidente de su bloque, «no presentó a tiempo el proyecto de minoría» y, con ironía, agradeció a la Comisión de Poderes «que siga generando trabajo para los abogados» aunque advirtió la incongruencia de sancionar la participación ciudadana y restringirle el acceso a este instituto en forma directa.
