Luego de ocho horas de sesión quedaron consagrados los siete dictámenes que conformaban el orden del día de anoche por los que se consagran constitucionalmente los partidos políticos; el carácter transitorio de las designaciones de una intervención; los marcos de la Contaduría y la Tesorería General; y los derechos de las personas con discapacidad; el derecho de los adultos mayores; el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y el derecho a la renta básica y al alimento, que quedaron sancionado por unanimidad. En el recinto, acompañaron la sesión, alumnos de la escuela 2 de Abril de El Palenque y representantes de las comunidades indígenas.
Para este jueves, se espera una intensa sesión ya que entre los temas a tratar está el nuevo Régimen Municipal y el preámbulo que contiene disidencias. Busti pidió prudencia a los convencionales para una reunión que promete ser extensa. El orden del día también contiene los despachos de enmienda; mediación, derechos del consumidor; y el derecho a la salud.
Entre los primeros temas estuvo anoche el de partidos políticos que fundamentó Fabián Rogel (UCR y para hacerlo desmembró párrafo a párrafo su contenido. “Se ha logrado una armonización casi perfecta de los derechos que han consagrado las constituciones hermanas de las distintas provincias y la Constitución Nacional”, dijo Rogel. Martín Acevedo Miño (Recrear) y Hermo Pesuto, (VER) coincidieron en el protagonismo de los partidos políticos para dar real vida a la democracia mientras que Marcela Haiek (CC) buscó en Alfredo Palacios los argumentos para fundar su opinión. Luego Augusto Alasino se remontó al exilio de Perón para contar que desde esa filosofía el partido era una herramienta electoral para ”partir” y cuestionando al letra del despacho que sólo habilita a los miembros de los partidos a postularse puso como ejemplo la Asamblea de Gualeguaychú como agrupación con manifestaciones de poder y ya no depresión y preguntó porqué impedirles que tengan candidatos.
Busti, desde una banca, se autodefinió como un protagonista activo de los últimos 40 años y opinó que no hay contradicciones entre la norma y la posibilidad de que se postule un dirigente de la Asamblea o de entidades de tales características y consideró que “hay cierta debilidad” en los partidos políticos y en ese marco consideró necesaria la capacitación en los partidos políticos. El presidente de la Convención se refirió además al proceso que desde el 2001 atravesaron los partidos políticos y la “devaluación” que sufrieron en esos años, aunque atribuyó la profundización de esa crisis al rol que cumplieron algunos medios de comunicación y los grupos económicos.
Y, tras un relato detallado acerca de cómo el proceso arrasó con las expresiones políticas partidarias, Busti rindió un homenaje a las víctimas de la “sangrienta dictadura” y consideró necesario “recordarlo porque si no –aseguró- somos de memoria absolutamente frágil”
El dictamen habilita a todos los a asociarse libremente en partidos políticos.Y,dice que laconstitución reconoce y garantiza la existencia de aquellos en cuya organización y funcionamiento se observen la democracia interna, una adecuada y proporcional representación de las minorías y demás principios establecidos en las constituciones nacional y provincial.
Designa a los partidos políticos, como “instituciones fundamentales del sistema democrático, concurren a la formación y expresión de la voluntad política del pueblo, son instrumentos de participación ciudadana” y establece la creación de un fondo para su sostenimiento y la exclusividad para postular candidatos para cargos públicos electivos.
Otro de los temas fue el de los pueblos originarios que se aprobó con una posición dese losbloques en la que destacaron la actitud de inclusión de la Convención aunque se desestimó una propuesta de Alasino para que se incluya también en el despacho el derecho a ser candidatos. Las deliberaciones estuvieron seguidas por representantes de comunidades indígenas de la provincia.
Entre los despachos sancionados también se contaba el relativo a la intervención federal que fue fundado por Miguel Carlín en su calidad de presidente de la comisión de Régimen electoral aunque en el tratamiento en el recinto Alasino observó cierta incongruencia en el texto respecto de lo que fija la Constitución nacional y dijo que la norma es arbitraria para los empleados comunes que pueda designar un interventor. Carlín, aseguró que el texto evita esa colisión y, aunque dejó en manos de Redacción una composición más feliz, y tampoco pudo encontrar respuestas a sus inquietudes Nelio Calza ya que habían cerrado la lista de oradores y el despacho quedó sancionado sin su voto, aunque el tema siguió debatiéndose en la banca de Calza hasta donde se acercó Carlín para zanjar las dudas. Y,en otro orden quedó sancionado por unanimidad el nuevo diseño de la Contaduría General y la Tesorería. El despacho defineque la contaduría “es el órgano rector de la Contabilidad General de la administración que tiene a su cargo el control interno de la gestión económico, financiera y patrimonial de la hacienda pública provincial. Dicta las normas de contabilidad, elabora la cuenta general del ejercicio y los demás estados e informes sobre la gestión presupuestaria, financiera, económica y patrimonial. Estará a cargo de un Contador General” dice el texto que se aprobó por unanimidad.
Discapacidad
Zulema Schoenlfed (FJpV) aseguró que normas como ésta jerarquizarán la Constitución provincial y puso énfasis en la necesidad de refuncionalizar y actualizar algunos programas ignorancia y atribuyó la marginación de estas personas a la “falta de accesos a los servicios y atención y- otro poco- porque a margen de sentir el desprecio eran objeto de burlas” dijo la convencional que consideró indispensable “educar” desde el nivel inicial hasta los últimos niveles en lo referido a accidentes domésticos hasta los viales. Luego, Alba Allende de López (UCR) trajo al recinto la necesidad de integrar estos segmentos a la población y enumeró los tratados los protegen desde el punto de vista moral y jurídico mientras que Adriana de la Cruz de Zabal fue un poco más lejos y se remitió al modo de mirar desde la perspectiva del arte griego y Rosario Romero propuso una modificación. Silvina Cepeda, Hermo Pesuto que también propuso algunos cambios semánticos y Acevedo Miño destacaron, cada uno a su turno, el despacho.
Para cerrar la lista de oradores, Busti coincidió con darle rango constitucional a “derechos claves como el alimento y la discapacidad” pero aclaró que la experiencia ha demostrado “que para que los derechos sociales sean operativos y se cumplan debe haber un equilibrio en las cuentas del Estado y que se establezcan estas prioridades”
“Es fundamental- continuó Busti- que la ley establezca estos derechos que van a exigir a los partidos políticos que expliquen cómo los harán operativos para que realmente las personas con capacidades diferentes tengan atención cuando no estén sus padres, pero en el marco de la responsabilidad fiscal” invitó Busti.
Y, también observó que “tenemos que tener claro que cada año el Poder Ejecutivo puede gastar de acuerdo a una ley que establece qué puede gastar y de dónde puede sacar los recursos” dijo Busti, no sin antes advertir que “es clave establecer qué se va a cumplir y cómo y de dónde se van a sacarlos recursos. Es un gran desafío” precisó aunque aseguró que el despacho “marcará la impronta de la Constitución”.
El dictamen garantiza a las personas con discapacidad la igualdad real de oportunidades, de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos que les reconoce el orden jurídico a fin de alcanzar su plena integración y autonomía personal y establece que el Estado Provincial y los Municipios garantizan a las personas con discapacidad y a sus familias: la atención integral de la salud orientada a la prevención su rehabilitación y los beneficios de la seguridad social; el estricto, permanente y eficaz contralor de todo centro público o privado de asistencia y alojamiento; el desarrollo de un ambiente apropiado libre de barreras que obstaculicen de cualquier forma su integración; y la gratuidad y accesibilidad al transporte público. Las construcciones públicas deberán prever y/o ajustar las instalaciones existentes para el libre desplazamiento de todas las personas. Las personas con discapacidad tendrán los beneficios de la seguridad y previsión social de quienes los tuvieran a su cargo,entre otras definiciones
Derechos de los adultos mayores
Zulema Schoenfeld (FJpV) describió las razones de cada párrafo a quien siguió en el uso de la palabra Alba Allende de López (UCR) con alusiones al envejecimiento poblacional que atribuyó al aumento constante de la expectativa de ida del ser humano y la disminución de la natalidad, aunque -dijo- que por ser reciente no ha podido ser incorporada como una totalidad. Darío Gianfelici (CC) se inclinó por darle a los ancianos el rol de “sostenedores de la historia” y atribuyó a los cánones actuales de la belleza cierto desprestigio de los adultos mayores y Rubén Villaverde (UCR) consideró importante que la Constitución apunte al modo en que se hacen operativos estos derechos en la misma línea argumental que momentos antes había utilizado Busti para la discapacidad.
“Me han dejado sin amor y solo y ya no soy un anciano sino un adulto mayor” ironizó Marciano Martínez (VER) cuando hizo uso de la palabra y ningún convencional de su bloque lo acompañaba en el recinto y despertó risas en el recinto a pesar de que habían transcurrido casi siete horas de sesión, luego de lo cual quedó sancionado por unanimidad el despacho
El dictamen de este tema garantiza a los adultos mayores, el libre ejercicio de sus derechos para una plena calidad de vida, con la participación solidaria de la familia y la sociedad, brindándoles seguridad y previsión social, vivienda digna, vestimenta adecuada, protección de la salud, educación y capacitación, derecho a la tranquilidad, esparcimiento y recreación, alimentación sana y adecuada a su condición.
Promueve la integración familiar, social, económica y cultural, generando desde la infancia y, a través de la educación, conciencia de respeto, protección y solidaridad entre las generaciones.
Asegura a los adultos mayores igualdad real de oportunidades y de trato, protegiéndolos contra toda violencia física, psicológica y moral, promoviendo políticas de prevención, promoción y asistencia, en forma directa o por medio de los institutos o fundaciones creados o a crearse a tal fin. Y,dice que en caso de desamparo corresponde al Estado subsidiariamente proveer a dicha protección pudiendo demandar a los familiares obligados a la carga alimentaria, solventes y remisos, los aportes correspondientes.
Derecho al alimento y a la renta básica
Américo Schvartzman (PS) ofreció a sus pares el detalle del despacho y recaló en las cuestiones dignas del hombre aunque especificó que para lograrlas son indispensables las cuestiones materiales y dijo que la propuesta de un ingreso mínimo “construye igualdad y ciudadanía” en una “democracia inclusiva” por que ”no es bueno congelar al nacer las potencialidades”. El convencional dijo que no se trata de consagrar un “derecho imposible sino un derecho necesario para que puedan cumplirse el resto de los derechos”. Schvartzman no pasó por alto los episodios violentos del 2001/02 y la instalación del programa Jefas y Jefes de Hogar y con estadísticas de la distribución de la riqueza invitó a marchar “en un sentido cualitativo hacia el progreso social” y anunció que habrá un texto para sostener y garantizar este derecho en el marco del equilibrio fiscal. También habló Rogel quien hizo referencia a las políticas alimentarias impulsadas por la fuerza política mientras que momentos más tardes Nelio Calza (FJpV) comparó este derecho con las propuestas que rigen a nivel nacional y con algunas que se debaten en el Congreso aunque aseguró que “lo que realmente dignifica es el trabajo por lo que invitó a no abandonar esa bandera”
Finalmente, Busti opinó que le tema toca de fondo y también las cuestiones de la vida” y se calificó como “el abanderado de lo que realmente se puede hacer.” Y le contó al pleno que su crianza fue “hablando bajo de Perón, porque con sus 18 años de exilio no se podía nombrar” pero adhirió a su doctrina “por la impactante Justicia social de Evita” y “la decisión de Perón de meterle el dedo a la oligarquía” creando el IAPI y la enajenación a Bunge y Born.
“Jamás podríamos estar en contra de estas cláusulas ” dijo Busti al pleno y agregó:
“Pero no somos cobardes, yo me hago cargo de Perón, de Menem y de la convertibilidad como también del momento en que dijimos que había que salir paso a paso de ese modelo, pero la gente en el 99 quiso otra cosa y salimos de la convertibilidad y estalló el modelo” recordó Busti y aseguró que “en el 45 la gente aprendió a comer y a trabajar gracias al peronismo”.
Ya al cierre de su intervención, garantizó que “La gente quiere esto pero también quiere que le digan cómo se la van a dar. Esos postulados son la causa de mi vida y desde esos postulados, que defendí como gobernador y seguiré defendiendo del lugar en que me toque estar, también digo que es necesario decirle a la gente cómo se lo vamos a dar” advirtió Busti.
En consonancia con esas definiciones, Barrandeguy mostró la necesidad de contar con presupuestos acotados y ordenados para lanzar estas políticas e invitó a disolver el temor sobre la posible irresponsabilidad de los convencionales para sancionar una cláusula como la de la renta y dijo que el cambio no estará centrado en el presupuesto sino en la actitud de concretarlo como un derecho y finalmente propuso un agregado sobre el equilibrio fiscal, aspecto sobre el cual Busti entendió que es una cuestión de “responsabilidad absoluta” para no “vender espejitos de colores”. El agregado refiere a que el Estado provincial adoptará las medidas necesarias para su aplicación y también refiere a la responsabilidad fiscal para la operatividad de estos derechos y será un artículo autónomo.
Desde el FJpV, Luis Márquez advirtió que el espíritu de este dictamen es evitar la judicialización “un conjunto de causas sociales” mientras que Federik pidió una reconsideración del tema en el que confluyen todas las voluntades y coincidió en la necesidad del agregado para evitar la interpretación diferente “que puede torcer la interpretación auténtica”. La UCR adelantó su disidencia en el último punto por considerarlo redundante del mismo modo que el PS que se votó separadamente por considerarlo un artículo autónomo que obtuvo 26 votos.
El agregado dice: “El Estado provincial adoptará las medidas necesarias para la operatividad progresiva de los derechos y garantías reconocidos y consagradas en esta Constitución, en consonancia con la norma establecida en el artículo 81 inc 8. El equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos”
El dictamen
“El Estado Provincial asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, parte esencial del derecho a la vida digna así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes producidas por fenómenos naturales que coloquen al afectado en desamparo personal y familiar.
Un Ente Público con participación ciudadana integrado por profesionales de carrera del Estado y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que mantengan una relación con la materia, tendrá a su cargo la efectivización de este derecho”.
