Revocatoria de mandato
Quedó reservado para hoy el dictamen de revocatoria de mandato, que produjo la Comisión de Nuevos Derechos y Participación, y que tiene una disidencia parcial. El presidente de la Convención, Jorge Busti, presento un proyecto sobre el tema y lo consideró «un salto cualitativo en la democracia» ya que con el mismo «avanza la democracia argentina, cada vez más exigente, con mayor participación de la gente”.
AYER
La Convención Constituyente sancionó ayer, por unanimidad y sobre tablas, los despachos sobre la Contaduría y Tesorería General de la provincia en la nueva Constitución y del mismo modo y por mayoría el despacho de Producción y Trabajo por el que se estimulan las cooperativas y mutuales. Los convencionales dieron su voto para incluir en la nueva Constitución a los colegios y sus cajas previsionales.
En el primer caso, y para fundar el dictamen de la Contaduría y de la Tesorería, logrado en forma unánime por la comisión de Control del Estado, su titular, Julio Federik (FJpV) destacó la adecuación de la redacción a lo ya aprobado por este pleno: “La necesidad de pasar por un concurso público para acceder a un cargo en el Estado”.
«Es evidente –dijo- que si nosotros estamos exigiendo que todos, para acceder a un cargo en el Estado, tengan su paso por un concurso, estos funcionarios de los sistemas de control deberán tener un sistema similar que le permita a la ciudadanía tener la seguridad de que quienes lo ocupan, han pasado por ese proceso». Todos los bloques destacaron la decisión de dejar en manos de una ley la forma del concurso público.
Por otra parte, quedó sancionado por 37 votos sobre 42, el despacho de mayoría por el que en la Constitución, a través del artículo 41 se «estimulará la tendencia cooperativista, mutualista, asociativista, de empresas de la economía social basadas en los principios del bien común y gestión solidaria y protegerá las organizaciones de ese carácter fomentando su desarrollo, su asistencia técnica, y fiscalización que garantice su carácter y finalidad. Controlará que las cooperativas de trabajo sean fuente de empleo decente.
Brindará tratamiento impositivo adecuado a su naturaleza y, podrá establecer exenciones fiscales a aquellas que colaboren con el desarrollo de la provincia.
Priorizará a las cooperativas en las licitaciones y/o concesiones de servicios públicos que realice el Estado en igualdad de condiciones. Alentará la propiedad y gestión de empresas por sus trabajadores.
Difundirá el pensamiento y la educación cooperativista, mutualista y asociativista» , dice el texto que se llevó los elogios de la mayoría por considerarlo un salto cualitativo trascendental y más de una evocación al rol que cumplieron en momentos de incertidumbre económica y, por sobre todo, por reglar el acceso a tecnología y cuidar que quienes promueven el trabajo, sean fuente de empleo decente. El despacho tuvo una disidencia parcial de Flavia Pasqualini del bloque VER y de Martín Acevedo Miño, de
COLEGIOS Y CAJAS
Asimismo, los convencionales trataron el despacho por el que los Colegios de Profesionales y sus cajas previsionales lograrán rango constitucional y su fundamentación, a cargo de Emiliano Acharta, estuvo centrada en la necesidad de «institucionalizarlos» -dijo- con la máxima garantía como lo es la Constitución. Por su lado, Guillermo Martínez (FJpV) destacó que el texto lleva tranquilidad a los ciudadanos y que con él se evitarán desvíos y abusos institucionales, entre otros conceptos que acompañó luego Jorge Salomón del mismo bloque mientras que Luis Brasesco (UCR) las calificó como «custodios del derecho» y puso de relieve su signo solidario.
Acevedo Miño fue quien se ocupó de destacar que la Constitución fije la intangibilidad de las cajas ante «los numerosos intentos de volverlas vulnerables» y coincidió con sus pares en la trascendencia de la sanción. Hermo Pesutto (VER) valoró la garantización del libre ejercicio de la profesión y también la intangibilidad de las cajas y finalmente de ese bloque, Pascualini planteó una disidencia parcial ya que opinó que la mediación es cosa de abogados, pero votó afirmativamente el proyecto.
Alba Allende cerró la lista de oradores en consonancia con lo ya dicho por el pleno.
El dictamen, sancionado hoy, por unanimidad, dice: «El Estado provincial reconoce la plena vigencia de los colegios y consejos profesionales creados y por crearse, les confiere el gobierno de la matrícula, la defensa y promoción de sus intereses específicos, la facultad de dictar sus normas de ética profesional e implementar métodos de resolución de conflictos de instancia voluntaria. Ejercen el poder disciplinario sobre sus miembros, recurrible judicialmente, garantizando el libre ejercicio de la profesión, y su organización en forma democrática y pluralista, según lo determine la ley. La provincia reconoce la existencia de las entidades de previsión y seguridad social para profesionales creadas o a crearse, bajo los principios de solidaridad, proporcionalidad y obligatoriedad de afiliación y aporte. Asegura su autonomía económica y financiera, la dirección y administración de las mismas por representantes de sus afiliados y la intangibilidad de los recursos que conforman su patrimonio. La ley regulará las peculiaridades propias de su régimen jurídico de organización y funcionamiento, que deberán ser democráticos».
La Convención trabajará hasta el 30 de septiembre
Por otra parte, el pleno acompañó con su voto el pedido que firman los convencionales Miguel Carlín (FJpV); Santiago Reggiardo (PS); Fabián Rogel (UCR); Martín Acevedo Miño (Recrear) y Augusto Alasino (VER); por el que la Convención se prorroga hasta el 30 de septiembre, inclusive. En sus fundamentos, los convencionales advierten que en este proceso de reforma se presentaron 850 proyectos, de los cuales un poco más del 13 por ciento provienen de la ciudadanía y que, a pesar del esfuerzo de las comisiones y la doble labor que desarrollan, son numerosos los proyectos y temas de trascendencia que aún restan tratar.
